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Abogada de Gonzalo Castillo pide verificación de pruebas en proceso judicial de Caso Calamar


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La defensa del exministro de Obras Públicas, Gonzalo Castillo, ha solicitado la presentación de testimonios oficiales como parte de las pruebas para sustentar la nulidad del proceso judicial en su contra, alegando la existencia de un supuesto fraude procesal en el marco del caso Calamar.

 La abogada defensora Laura Acosta ha cuestionado la legitimidad y autenticidad de una certificación emitida por la Superintendencia de Bancos de la República Dominicana el 24 de abril de 2024. Según Acosta, las fechas de este documento presentan inconsistencias que podrían haber sido manipuladas para justificar acusaciones en contra de Castillo, por lo que ha solicitado la comparecencia de testigos clave con el fin de esclarecer la cronología y autenticidad del mismo.

Entre los testigos citados por la defensa se encuentran todas las personas que sellaron la documentación, quienes deberán declarar bajo juramento y bajo pena de perjurio sobre la recepción de dichos documentos.

 Entre los convocados para declarar están:

 Santiago Mejía Ortiz, Registrador Mercantil de la Cámara de Comercio y Producción de Santo Domingo, quien deberá testificar sobre la recepción y entrega de certificaciones requeridas por el Ministerio Público.

 Pedro Frías Morillo, Director de la Unidad de Investigaciones Criminales de la Procuraduría General de la República, llamado con el fin de establecer cuándo y cómo fue recibida la certificación en cuestión.

 Valentina Suero de la Cruz, agente perito en administración y finanzas de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, quien deberá indicar el tiempo tomado en analizar la certificación y su inserción en el informe pericial.

 Yamily M. Pozo Núñez, agente táctico de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, quien debe detallar el manejo del informe pericial relacionado con la certificación.

 Morelvyn Guerrero Nova, agente perito en tecnología e información de la Unidad de Investigaciones Criminales del Ministerio Público, con quien se analizará la integridad digital de los documentos anexados.

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