ADOCCO rechaza advertencia de Carlos Pimentel sobre contrataciones de ONG para capacitación en Ley 47-25.

Santo Domingo.– La Alianza Dominicana Contra la Corrupción (ADOCCO) expresó su enérgico rechazo a la advertencia emitida por el director general de Contrataciones Públicas, Carlos Pimentel, mediante una circular dirigida a ministros y directores de entidades públicas, en la que les prohíbe contratar Organizaciones No Gubernamentales (ONG) y especialistas en Compras y Contrataciones Públicas para impartir capacitaciones relacionadas con la nueva Ley 47-25 de Contrataciones Públicas.

En el documento, Pimentel establece que “únicamente las entidades académicas previamente consideradas por la DGCP pueden impartir programas de formación en materia de contrataciones públicas”, indicando que el cumplimiento de esta disposición es “obligatorio” y constituye garantía de “calidad, legalidad y pertinencia” en los procesos de formación dirigidos a servidores públicos.

Para ADOCCO, esta disposición constituye una acción arbitraria y carente de sustento legal, ya que, según afirma, no se encuentra entre las facultades del órgano rector de las compras y contrataciones públicas otorgar avales exclusivos a entidades académicas para fines de capacitación. La organización sostiene que esta medida carece de respaldo jurídico y limita injustificadamente la participación de sectores con probada experiencia en el ámbito de la transparencia y la formación técnica.

Asimismo, la entidad anticorrupción denunció que la circular pretende crear un monopolio en la oferta educativa vinculada a la Ley 47-25, favoreciendo únicamente a instituciones previamente seleccionadas por la Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), lo que podría abrir espacio a discrecionalidades y falta de pluralidad en la formación del personal del Estado.

ADOCCO recordó que las capacitaciones en materia de contrataciones públicas no son exclusividad de un sector, y que diversas organizaciones de la sociedad civil, así como especialistas independientes, han contribuido durante años al fortalecimiento institucional mediante programas formativos reconocidos nacional e internacionalmente.

Finalmente, llamó a las autoridades a reconsiderar la medida y promover un enfoque inclusivo y participativo en el proceso de implementación de la nueva Ley 47-25, garantizando que la formación llegue a todos los servidores públicos sin restricciones indebidas ni imposiciones administrativas que contravengan los principios de libre competencia y transparencia.