Advierten reforma a Ley de Residuos Sólidos podría reforzar los monopolios privados y afectar municipios

Santo Domingo.- La modificación de la Ley 225-20 sobre manejo de residuos sólidos en el Congreso proyecta inversiones de hasta RD$12,000 mil millones, pero expertos alertan que favorece a grandes operadores y puede crear un mercado cerrado que excluye nuevos competidores.

De acuerdo a los datos, este proyecto, que movilizará entre RD$8,000 y RD$12,000 mil millones, promete modernizar la gestión de desechos en el país. Sin embargo, un análisis integral de la propuesta revela serias preocupaciones: la ley podría reforzar monopolios privados, limitar la competencia y generar dependencia financiera en los municipios.

Fondos millonarios sin reglas claras

La reforma contempla asignaciones millonarias a alcaldías y distritos municipales, supuestamente para fortalecer la gestión de residuos. Pero no establece mecanismos estrictos de rendición de cuentas. El temor es que estos recursos, en lugar de destinarse a mejorar servicios, terminen en nóminas paralelas o alimentando clientelismo político.

Un elemento que ha generado especial preocupación es que, a diferencia de la ley actual donde el Ministerio de Hacienda juega un rol bien definido en la supervisión y control del uso de los fondos públicos, en esta reforma su papel se diluye significativamente. La exclusión del órgano rector de las finanzas públicas abre la puerta a que estos recursos millonarios sean manejados con menor transparencia y menor control estatal efectivo.

Las modificaciones parecen favorecer a un grupo reducido de actores: empresas que ya operan rellenos sanitarios, estaciones de transferencia y plantas de valorización. Artículos clave como el 4, 16, 17, 36 y 38 perfilan un esquema que podría consolidar estos negocios, asegurándoles ingresos estables durante una década mediante contratos largos y pagos garantizados, financiados por un fideicomiso público-privado.

Expertos advierten que este modelo viola el artículo 50 de la Constitución, que consagra la libertad de empresa, al cerrar el mercado a nuevos competidores y fortalecer a operadores actuales sin evaluación constante de desempeño o innovación.