Aena propone una subida media de las tarifas de 43 céntimos por pasajero e inversiones por 13.000 millones
Aena ha aprobado la propuesta del Documento de Regulación Aeroportuaria (DORA) 2027-2031, que contempla un periodo de inversiones que alcanzarían los casi 13.000 millones de euros entre todos los aeropuertos de la red en España y una subida media anual de las tarifas de 43 céntimos por pasajero. El objetivo es ampliar y modernizar las infraestructuras para atender la demanda futura sin obstaculizar la movilidad ni el crecimiento económico.
Del total previsto, 12.888 millones de euros se destinarán a inversiones durante el quinquenio, de los que cerca de 10.000 millones corresponden a inversión regulada incluida en el DORA. Pese a este esfuerzo, la compañía propone un incremento tarifario contenido, que variará según el tamaño del aeropuerto y será inferior en las instalaciones medianas y pequeñas, manteniendo las tasas en niveles competitivos a nivel europeo.
El escenario de tráfico manejado por la gestora aeroportuaria estima que entre 2027 y 2031 pasarán por los aeropuertos españoles unos 1.690 millones de pasajeros, en un contexto de ligera desaceleración tras la fuerte recuperación posterior a la pandemia. Aena subraya que las grandes inversiones realizadas hace dos décadas han permitido absorber el crecimiento reciente con calidad y ahora es necesario ampliar capacidad en varias infraestructuras que se acercan a su límite técnico.
El plan prevé que las obras de ampliación y mejora convivan con la intensa operativa diaria para no afectar al servicio, reforzando además los estándares de seguridad, mantenimiento, calidad y sostenibilidad. Se han definido 26 indicadores más exigentes para medir la experiencia del pasajero y la eficiencia operativa durante este periodo de inversiones.
El presidente y consejero delegado de Aena, Maurici Lucena, ha defendido que la propuesta se basa en criterios técnicos y en la filosofía de que “cada aeropuerto cuenta”. Tras su aprobación interna, el documento inicia ahora su tramitación ante Aviación Civil, la CNMC y las comunidades autónomas, con el objetivo de que el Consejo de Ministros dé luz verde definitiva antes de septiembre.
