Editorial

Algo está fallando

Hasta noviembre de 2019, los feminicidios oficialmente registrados sumaban 62 y parecía que estábamos en el camino de cerrar el año con una de las tasas más bajas de estos episodios sangrientos.

Un cambio drástico de esta tendencia ha estropeado esos propósitos, y el 2019 ha pasado a ser peor que su anterior, el 2018, cuando se produjeron 74 casos, pues ahora la cifra monta casi los ochenta.

Al abrirse el nuevo año con una ominosa racha de asesinatos de mujeres nadie está en condiciones de predecir si la tendencia hacia su reducción, que lucía visible en 2019, podrá mantenerse en los meses por venir.

La ministra de la Mujer y la Procuraduría General de la República han reaccionado frente a este sorpresivo rebrote de la violencia de género, proponiendo la inmediata aprobación de una ley integral de prevención y castigo que duerme en el Congreso desde el 2012 y apelando a las familias para que denuncien a los potenciales agresores, cuando tengan las evidencias de peligro real.

Pese a que la Procuraduría General ha abierto una línea telefónica para recibir denuncias, la mayoría de las mujeres amenazadas no la ha utilizado, lo que tal vez pudiera deberse a un estado de desconfianza o a la percepción de que, por más denuncias que hagan, los agresores nunca son neutralizados por las autoridades.

Una de las más amargas experiencias, que parecen constituir un denominador común de muchos feminicidios, es la de que las órdenes de alejamiento que emite el ministerio público no son respetadas por los agresores y potenciales asesinos.

Si esta regla no se respeta y si, además, el país no dispone de las suficientes casas de acogida para albergar a las mujeres más expuestas al riesgo, francamente podría decirse que no predomina un clima de protección real a las mujeres, aunque existan normativas legales que vayan en esa dirección.

Esto indica, entonces, que algo está fallando. Que el país no logra sostener una tendencia hacia la baja en la tasa de feminicidios y que la cultura machista, lejos de parecer en decadencia o controlada, sigue gravitando en nuestra sociedad.

Otros países, como Bolivia, Nicaragua y Costa Rica, han tenido éxitos tangibles en sus políticas de prevención, logrando inclusive una reducción de los feminicidios hasta en un 50 por ciento.

¿Por qué no estudiar esas experiencias y extrapolar algunas medidas que han demostrado que funcionan en esos países, aplicándolas bajo un plan piloto?

Nada cuesta probar con esas claves del éxito.

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