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Alianza Publico-Privada ha disparado las alarmas del alcance de acuerdos futuros

El 2 de septiembre de este año, 18 días después de asumir las riendas del Estado, el presidente Luis Abinader encabezó un acto en el Palacio Nacional para firmar el reglamento de la Ley de Alianzas Público-Privadas (APP) y con ese y otros hechos deja claro la importancia que tiene esa estrategia en su gobierno. Sin embargo, desde la opinión pública es uno de los aspectos que más ruidos e incertidumbre han generado en lo que va de la gestión de Abinader, probablemente por lo sensible del tema, pues a los dominicanos la palabra privatización desde el Estado los “pone chivos”.

El tema no se ha detenido ahí. La exposición de la diputada de la Fuerza del Pueblo (FP), Ycelmary Brito O’Neal (Juliana), en contra de un supuesto intento de privatizar Instituto Nacional del Cáncer Rosa Emilia Tavárez (Incart), se volvió viral y con ello el rechazo a la privatización de servicios tomó más cuerpo en la opinión pública.

Tras el revuelo causado por las declaraciones de Freund, el funcionario aclaró que el gobierno no tiene en agenda privatizar el servicio de transporte público. “Yo comenté que la propia ley establece la posibilidad de que esa empresa pública pudiese ser también de capital mixto. Entonces, a la pregunta que me hicieron en el programa de televisión sobre que eso podría ser una alianza público-privada, yo respondí: que podría considerarse en virtud de los nuevos proyectos de movilidad urbana que el presidente ha anunciado, como por ejemplo el caso del monorriel”, aclaró Freund.

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