Angel Rondón revela someterá ante la justicia al Estado dominicano por los daños causados a su persona en el caso Odebrecht.

SANTO DOMINGO.-El empresario Ángel Rondón, cuya absolución en el caso Odebrecht fue ratificada por el Tribunal Constituonal, reveló que demandará al Estado dominicano  por los daños ocasionados a su persona.

“Mira, eso yo lo he estado pensando desde que la Suprema Corte de Justicia nos absolvió. No hay duda, porque el calvario que nosotros pasamos ahí no hay precio. Lógicamente, yo no voy a demandar por asuntos económicos para mí, porque resulta que eso te lo voy a donar a una institución de cáncer, porque mi hijo falleció producto de un cáncer y sufrió este juicio peor que yo”, manifestó Rondón.

Explicó que su decisión también busca no permitir que el órgano persecutor siga actuando contra personas con pruebas que, según afirmó, nunca entregan.

El Tribunal Constitucional (TC) rechazó el recurso de revisión constitucional interpuesto por la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), contra la sentencia de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) que lo absolvió.

“No podemos permitir que el Ministerio Público siga actuando de las pruebas que nunca las entreguen. Entonces, como decía ahorita, alguien tiene que ponerle fin a esas situaciones”, enfatizó el empresario.

La decisión del Tribunal Constitucional (TC) también favoreció al exministro de Obras Públicas, Víctor Díaz Rúa, quien junto a Rondón fue de los únicos condenados en primera instancia por los más de 92 millones de dólares en sobornos que la compañía extranjera admitió haber pagado en la República Dominicana.

La sentencia recurrida en revisión por la PEPCA es la número SCJ-SS-24-0969, emitida el 9 de agosto del 2024 por la segunda sala de la SC, mediante la cual revocó las sentencias previas que condenaban a Rondón a 8 años de por soborno y lavado de activos; y a Díaz Rúa, a 5 años de prisión por enriquecimiento ilícito y lavado de activos, por no existir pruebas suficientes para sustentar las acusaciones del Ministerio Público.

Ante el resultado adverso que tuvo en la SCJ donde procuraba el aumento de las penas impuestas a ambos imputados, el órgano de persecución recurrió al TC para que revisara los hechos e hiciera una valoración de las pruebas, y dictara su propia decisión.

En su recurso de revisión constitucional la Pepca alega que la segunda sala de la SCJ violentó las normas del debido proceso y la tutela judicial efectiva, “al fallar como lo hizo desconociendo los criterios y precedentes vinculantes de este Tribunal Constitucional, variando su criterio jurisprudencial sin razón alguna, desconociendo el ordenamiento jurídico aplicable al respecto y en consecuencia, desnaturalizando el recurso de casación”.