La presidenta de Perú, Dina Boluarte, aseguró que la denuncia presentada en su contra por la fiscal general, Patricia Benavides, por las muertes en las protestas antigubernamentales de 2022 y 2023 es una “deleznable maniobra política” con la que pretende “distraer la atención” de la ciudadanía.
Boluarte afirmó en una declaración en el Palacio de Gobierno que Benavides “tiene que responder ante las instancias correspondientes de manera clara y precisa”, por la investigación abierta por la unidad anticorrupción de la Fiscalía y que señala a la fiscal general de encabezar una presunta red criminal en el Ministerio Público acusada de tráfico de influencias.
La jefa de Estado respondió de esta forma a la denuncia constitucional presentada por Benavides en su contra por las muertes de manifestantes en las protestas antigubernamentales de finales de 2022 y comienzo de 2023, junto al presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, y tres exministros del Interior.
Boluarte señaló que le causa “extrañeza” que la denuncia en su contra “haya sido presentada luego que la ciudadanía tomara conocimiento de los allanamientos y detenciones del equipo de la fiscal de la Nación por presuntos actos de corrupción”.
La mandataria agregó que el viernes había sido notificada por la fiscal de la Nación sobre la prolongación de la investigación en el caso de las muertes de los manifestantes para los próximos ocho meses, pero que hoy se formaliza la denuncia en su contra, tras el inicio de otro proceso contra la propia Benavides.
“Es sospechoso y grave”, dijo Boluarte, quien recordó que también en esta jornada dos fiscales supremos han exigido la renuncia de la jefa del Ministerio Público.
En ese sentido, convocó a las autoridades políticas y jurisdiccionales del país a “defender el Estado de derecho, la estabilidad económica y los derechos fundamentales de 33 millones de peruanos”.
CALMA Y TRANQUILIDAD
Igualmente, hizo un llamado a la calma y la tranquilidad, acompañada por el gabinete de ministros en un salón del Palacio de Gobierno.
La gobernante expresó el “pleno respeto y defensa de la institucionalidad democrática, el Estado de derecho y la autonomía de los organismos constitucionales, la independencia del Ministerio Público y los procesos que se resuelven en sus fueros internos”.
