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Califica de aberración jurídica juicio red Antipulpo.

Como una “aberración jurídica” calificó hoy el abogado José Miguel Minier el juicio de medida de coerción que envió a prisión por tres meses a siete de los imputados en el caso de corrupción Antipulpo.

Minier, abogado del imputado Fernando Rosa, dijo que la Justicia dominicana “está de luto” a causa de esa sentencia emitida por el juez Alejandro Vargas que, a su juicio, violó todos los procedimientos legales y se convirtió en un “show”.

Dijo que el juez “no tuvo el coraje de dar una sentencia trascendental” y advirtió que llevará el caso ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, argumentando que el dictamen viola los derechos fundamentales de los imputados.

Asimismo, aseguró que apelará la sentencia, alegando que existen razones para entender que el magistrado actuó con parcialidad al emitir su veredicto.

Minier, quien defende al exdirector del Fondo Patrimonial de las Empresas Reformadas (FONPER), habló en tal sentido durante una entrevista este jueves en el programa Hoy Mismo, en Color Visión, canal 9.

Irregularidades

“Es una aberración del magistrado Alejando Vargas y ojalá que recapacite y en una próxima decisión recoja todo lo que hizo”, manifestó.

Entre otras irregularidades cometidas en el juicio según Minier, está que el magistrado Vargas reconoció públicamente, durante la audiencia, que los expedientes elaborados por el Ministerio Público no tenían una formulación precisa de cargos.

Minier recordó que el juez advirtió a los fiscales actuantes que tenían “que hacer la cosa bien hecha” al momento de preparar los expedientes y especificar en ellos, cuál era la acusación para cada imputado.

“Ahí no hay formulación precisa de caso. Por esa simple razón deberían estar sueltas esas once personas en sus casas”, manifestó el abogado.

También Minier consideró que “Esa decisión ha abierto una puerta para que todo el que le suple al Estado caiga preso”, tras señalar que ahora imputan al ex ministro de Salud Pública, Freddy Hidalgo, que los equipos hospitalarios que vendió eran viejos y están dañados, “sin constatar los hechos.

“El que le supla al Estado ahora sepa que va a caer preso”, reiteró.
Asimismo, consideró que el tráfico de influencia no existe en el Código Penal ni en ninguna Ley especial.

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