Candidaturas independientes, supremacía constitucional y el riesgo de una regresión democrática en la república dominicana

Por: Máximo Rafael Zapata Herrera

En toda democracia constitucional, el equilibrio entre los poderes del Estado no se mide
únicamente por su coexistencia formal, sino por el respeto efectivo a la supremacía de la
Constitución y al carácter vinculante de las decisiones del órgano llamado a interpretarla. En la
República Dominicana, ese rol corresponde al Tribunal Constitucional, cuya jurisprudencia no
solo resuelve conflictos concretos, sino que fija criterios obligatorios para todos los poderes
públicos.

En ese contexto, la reciente aprobación de la denominada Ley núm. 13-26, orientada a eliminar
o suprimir las candidaturas independientes del sistema electoral dominicano, plantea una de las
tensiones constitucionales más relevantes de los últimos años. No se trata de una simple
diferencia de política legislativa, sino de un conflicto estructural entre el legislador y la
interpretación constitucional previamente establecida por el Tribunal Constitucional,
particularmente a través de la sentencia TC/0788/24.

La decisión TC/0788/24 constituye un hito en la evolución del sistema electoral dominicano. En
ella, el Tribunal Constitucional examinó las disposiciones de la Ley núm. 20-23 que imponían a
los candidatos independientes condiciones equiparables a las de los partidos políticos,
concluyendo que tales exigencias resultaban desproporcionadas y contrarias a la Constitución.
El núcleo decisorio de esta sentencia radica en una afirmación de enorme trascendencia: el
derecho a ser elegible consagrado en el artículo 22 de la Constitución no puede quedar
subordinado a la pertenencia a estructuras partidarias. De lo contrario, se produce una restricción
indebida del pluralismo político y una distorsión del modelo democrático.

En ese sentido, el Tribunal no se limitó a expulsar normas del ordenamiento jurídico; fue más
allá, al fijar un criterio interpretativo vinculante: el sistema electoral dominicano debe permitir la
participación efectiva de candidaturas independientes en condiciones razonables. Esta
interpretación se inserta en una línea jurisprudencial constante del propio Tribunal Constitucional,
que ha reiterado que sus decisiones tienen efectos erga omnes y carácter obligatorio para todos
los órganos del Estado, conforme al principio de supremacía constitucional establecido en el
artículo 6 de la Constitución.

Frente a este precedente, la Ley núm. 13-26 introduce una regulación que, en términos
sustantivos, elimina la posibilidad real de candidaturas independientes o la vacía de contenido
efectivo. Esta actuación legislativa no puede analizarse de manera aislada, sino en relación
directa con la sentencia TC/0788/24. Desde una perspectiva estrictamente jurídica, la ley no
constituye una regulación del derecho, sino su supresión. Y esta diferencia es crucial.

El legislador tiene competencia para organizar el sistema electoral, pero no para anular derechos
fundamentales ni para desnaturalizar el contenido esencial de una decisión constitucional previa.
En este caso, la ley produce un efecto inequívoco: restablece un modelo de monopolio partidario
que ya había sido cuestionado por el Tribunal Constitucional, por lo que su naturaleza jurídica se
aproxima más a una contrarreforma constitucional encubierta que a un ejercicio legítimo de la
función legislativa.

El artículo 6 de la Constitución dominicana establece que toda ley contraria a la Constitución es
nula de pleno derecho. Este principio implica, necesariamente, que el legislador está subordinado
a la interpretación constitucional fijada por el Tribunal Constitucional. La aprobación de una
norma que contradice frontalmente un precedente constitucional vinculante no solo plantea un
problema de legalidad, sino de orden constitucional. En términos técnicos, nos encontramos ante
un supuesto de inconstitucionalidad por contradicción jurisprudencial. La doctrina constitucional
comparada ha sido clara en este punto: el legislador no puede neutralizar ni vaciar de contenido
las decisiones de los tribunales constitucionales, pues ello equivaldría a una forma de fraude a
la Constitución.

La eliminación de las candidaturas independientes impacta directamente el núcleo esencial de
varios derechos fundamentales: el derecho a elegir y ser elegible, el principio de igualdad y la
libertad de participación política. Desde la óptica del test de proporcionalidad, la medida resulta
claramente incompatible con la Constitución, pues no es necesaria ya que el sistema podía ser
regulado sin eliminar esta vía, ni proporcional en sentido estricto, al sacrificar derechos
fundamentales en beneficio de una supuesta estabilidad del sistema partidario, ni razonable, al
excluir completamente alternativas políticas legítimas. El resultado es una restricción absoluta,
incompatible con los estándares constitucionales y democráticos.
Más allá del análisis técnico, el conflicto revela una cuestión institucional de fondo: si el legislador
puede desconocer un criterio vinculante del Tribunal Constitucional. La respuesta, desde la teoría
constitucional y la práctica comparada, es categórica: no. Cuando el legislador adopta una norma
en sentido contrario a una decisión constitucional, no solo incurre en un vicio de
inconstitucionalidad, sino que erosiona el sistema de control constitucional y debilita la seguridad
jurídica. Este tipo de actuaciones abre la puerta a un escenario de inestabilidad institucional, en
el que las decisiones del Tribunal Constitucional pueden ser sistemáticamente neutralizadas por
mayorías legislativas circunstanciales.
La Ley núm. 13-26, en la medida en que elimina las candidaturas independientes, presenta serios
vicios de constitucionalidad. No solo contradice el precedente vinculante establecido en la
sentencia TC/0788/24, sino que restringe derechos fundamentales y altera el equilibrio del
sistema democrático. En términos estrictamente jurídicos, todo apunta a que esta norma será
objeto de control constitucional y, con alta probabilidad, declarada no conforme con la
Constitución. Pero más allá de su eventual destino en sede constitucional, el debate plantea una
reflexión más profunda: la vigencia real del Estado de derecho depende de que todos los poderes
públicos, sin excepción, se sometan a la Constitución y a la interpretación que de ella realiza el
órgano competente. Cuando ese principio se debilita, no solo se afecta un derecho o una
institución; se compromete la esencia misma del orden constitucional.