Editorial

Causa de fuerza mayor

Después de consultar a partidos políticos e instituciones de la sociedad civil, la Junta Central Electoral (JCE) anunció ayer que las elecciones presidenciales y congresuales programadas para el 17 de mayo serán transferidas al 5 de julio y que una eventual segunda vuelta electoral sería convocada el 26 de julio.
Falta saber si la decisión del pleno de la JCE se corresponde con algún nivel de consenso entre las organizaciones partidarias que competirán en esos comicios, bajo el obvio criterio de que sería poco menos que imposible cumplir con el requerimiento constitucional de que se efectúen el tercer domingo de mayo.
La figura invocada por el organismo electoral para transferir la fecha de esa consulta cívica ha sido “causa de fuerza mayor por la emergencia sanitaria” por la propagación del coronavirus, que ha provocado casi 200 muertes y más de tres mil contagiados.
Los miembros de la JCE incluyeron en esa proclama el voto de los dominicanos residentes en el exterior, cuya autorización de sufragio en esos países estaría pendiente de la evolución que siga la pandemia en esos territorios, especialmente en Estados Unidos, España, Italia y Puerto Rico.
En menos de dos meses, la JCE tendrá que fijar un periodo de campaña electoral y otorgar dispensas a partidos a los fines de agotar plazos constitucionales y preservar derechos de los candidatos, todo lo cual tendría que ajustarse a una “convocatoria extraordinaria”, sustentada en situación de fuerza mayor.
Abogados constitucionalistas y, en última instancia, el Tribunal Constitucional, tienen la tarea de precisar si la resolución de la Junta no contradice el Texto Sustantivo, o si la Carta Magna adolece de alguna laguna jurídica que le impide establecer qué hacer en una situación de emergencia nacional o de fuerza mayor.
Un principio universal común a todos los textos constitucionales señala que “nadie está obligado a lo imposible”, lo que podría servir de base para sustentar la posposición o transferencia de la fecha de las elecciones presidenciales y congresuales.
Democracia e institucionalidad quedarían en condición de bienes jurídicos protegidos, si la clase política cumple con el compromiso de concertar un acuerdo amplio y preciso para que las elecciones se celebren en una fecha posible, para lo cual debe tomarse en cuenta el precepto aquel de que “el hombre propone y Dios dispone”.

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