Editorial

Compromiso solemne

El presidente Luis Abinader ha hecho el compromiso de disponer la suspensión de los funcionarios que al 15 de septiembre no presenten su declaración jurada de bienes, y de cancelarlos definitivamente si tres semanas después persisten en no cumplir con esa ley.
Se trata de una advertencia trascendente la que ha formulado el mandatario, que de cumplirse pondría fin a muchos años de burla y violación por parte de propios servidores oficiales a un estatuto llamado a evitar o prevenir que incurran en prevaricación o enriquecimiento ilícito.

La directora de Ética Gubernamental, Milagros Ortiz Bosch, advirtió que el Gobierno no tolerará actos de corrupción ni soborno, y el presidente Abinader subrayó que “está estrictamente prohibido” aceptar regalos en efectivo o en naturaleza a todos los funcionarios públicos.

Es claro que el mandatario ha empeñado su palabra al señalar que no tolerará actos contrarios a la ley, que suspenderá o cancelará a los funcionarios que incumplan con la obligación de entregar su declaración jurada de bienes, advertencia que cuenta con el respaldo de la sociedad dominicana.

En un encuentro con la prensa se leyó en voz alta el artículo 48 de la ley de Función Pública, contentivo de todas las obligaciones y deberes del servidor público, a los fines de que no se alegue ignorancia cuando se impongan sanciones disciplinarias, civiles o penales a quienes violenten su mandato.

Se resalta como positivo el anuncio del ministro de Hacienda, Jochy Vicente, de que no recibirá ninguna compensación por concepto de dieta como parte de sus funciones en los consejos de los órganos colegiados de entidades públicas de los que la institución forma parte, porque así lo prohíbe el artículo 37 de la ley 105-13.

Al país le aguardan todavía momentos muy difíciles a causa del coronavirus y su afectación sobre la salud pública y la economía, por lo que lo menos que el nuevo gobierno puede ofrecer a la sociedad es garantía de una gestión pulcra, transparente y de irrenunciable aplicación de la ley contra cualquier atisbo de prevaricación.

Se aplaude la advertencia presidencial de que serán suspendidos de sus cargos los funcionarios públicos que al 15 de septiembre no presenten su declaración jurada y de que serán cancelados definitivamente si tres semanas después persisten en incumplir con la ley. Es claro también que la sociedad toda estará muy pendiente de ambas fechas.

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