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RESUMEN
El movimiento “Unidos Somos Más” exigió la anulación inmediata de los permisos mineros otorgados en la cordillera, mientras el Gobierno reiteró que no existen planes de explotación en esa zona.
El reclamo fue encabezado por el sacerdote Ramón (Nino) Ramos, quien, durante una reunión con autoridades, invocó disposiciones constitucionales para demandar la cancelación de la concesión otorgada en 2024 y vigente hasta 2027. El religioso expresó desconfianza en las declaraciones oficiales y solicitó garantías formales por escrito.
“No creemos en palabras, queremos un documento firmado. Si otorgaron un permiso para explorar, también pueden anularlo”, afirmó, al advertir que la comunidad está dispuesta a impedir cualquier operación minera.
De su lado, el ministro de Energía y Minas, Joel Santos, aclaró que las concesiones vigentes corresponden únicamente a labores de exploración, las cuales —según explicó— no implican explotación automática ni otorgan derechos sobre los recursos minerales.
El funcionario subrayó que cualquier autorización para explotar yacimientos es una facultad exclusiva del presidente de la República, y aseguró que la cordillera no forma parte de los planes mineros del Gobierno.
No obstante, Santos reconoció la preocupación social existente y advirtió que la anulación de permisos podría acarrear implicaciones legales para el Estado. Aun así, indicó que la solicitud será evaluada.
En medio de las posiciones encontradas, el arzobispo de Santiago, monseñor Héctor Rafael Rodríguez, llamó a un diálogo respetuoso y constructivo, abogando por una solución basada en la serenidad y el interés nacional.
Mientras tanto, la presión social continúa en aumento. Organizaciones comunitarias han convocado protestas y marchas para el 14 de abril en Puerto Plata y el 24 en Santiago, partiendo desde el Monumento a los Héroes de la Restauración.
Los manifestantes exigen garantías legales firmes que protejan la cordillera, considerada una de las principales reservas hídricas de la región norte.
El conflicto, que ya se extiende por varios meses, trasciende lo ambiental y se posiciona como un tema de confianza pública entre las comunidades y las autoridades.
