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Comunitarios denuncian presunta extracción irregular de materiales y daños ambientales en el río Yuna.


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Monseñor Nouel. – Residentes de la comunidad de Hato Viejo, en Rancho Nuevo, municipio de Bonao, denunciaron la presunta depredación del río Yuna mediante el desvío de su cauce para la extracción de materiales, una práctica que, según aseguran, estaría provocando graves daños ambientales en la zona.

Ramón Castillo, dirigente comunitario, manifestó su preocupación por el deterioro del afluente y aseguró que lo que anteriormente era un río caudaloso hoy presenta condiciones alarmantes, al punto de compararlo con un cadáver.

“Estos trabajos son presentados como labores de canalización del río, pero realmente encubren actividades de extracción de agregados y explotación de los recursos naturales”, denunció Castillo.

El comunitario explicó que, según sus observaciones, quienes realizan estas actividades abandonan posteriormente el lugar, dejando a las comunidades afectadas las consecuencias del deterioro ambiental.

Castillo señaló que un legislador de la provincia Monseñor Nouel ha afirmado que en el río se ejecutan trabajos de canalización. Sin embargo, cuestionó esas intervenciones y consideró que podrían constituir un crimen ambiental cuando implican la extracción de materiales y la alteración del cauce natural.

Asimismo, acusó a la Dirección Provincial de Medio Ambiente, a otras autoridades de Monseñor Nouel y a la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID) de presunta complicidad o permisividad frente a las actividades denunciadas, por lo que solicitó investigar la actuación de las instituciones señaladas.

El dirigente comunitario también hizo referencia a un volumen de 180 millones de metros cúbicos de diferentes tipos de agregados presuntamente relacionados con estas intervenciones. No obstante, no precisó el período al que correspondería esa cantidad ni presentó documentación que permita comprobarla.

Finalmente, Castillo sostuvo que detrás de las actividades denunciadas podrían existir intereses económicos e incluso presuntos aportes destinados al financiamiento de candidaturas políticas, afirmaciones que requieren ser investigadas y sustentadas por las autoridades correspondientes.

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