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RESUMEN
En pleno Santo Domingo se imparte justicia desde contenedores y los palacios judiciales en gran parte del país resultan estrechos y obsoletos, pero desde la Suprema Corte de Justicia están buscando que sea «obligatorio» hacer todos los trámites de manera digital
El presidente del organismo, Luis Henry Molinta depositó este martes en el Senado un proyecto de ley que busca modificar la Ley de Uso de Medios Digitales en el Poder Judicial, con el propósito de acelerar la transformación tecnológica de la justicia.
Explicó que el proyecto se basa en cuatro ejes fundamentales y que el primero haría obligatorio que el depósito o trámite de documentos judiciales sean completamente digital.
Indicó que los depósitos de documentos ante el Poder Judicial, si se aprueba el proyecto, deberán realizarse de manera digital como regla general, quedando el trámite presencial reservado solo para quienes no tengan acceso a medios tecnológicos.
Molina explicó que en la jurisdicción del Distrito Nacional ya la totalidad de los casos civiles, contenciosos administrativos y tributarios se tramitan de forma digital, por lo que el paso siguiente es formalizar esa práctica a nivel nacional a través de una ley que lo permita.
«Ya llegó el momento de que el proceso digital sea obligatorio, como pasa en otras instituciones del Estado», señaló que la medida permitirá mayor control y eficiencia en los procesos judiciales.
El segundo aspecto del proyecto se refiere a la firma electrónica, mediante la que se autorizaría al Poder Judicial a certificar las firmas digitales de los usuarios que participen en procesos judiciales.
Según Molina, el Poder Judicial ya utiliza la firma electrónica en todos sus actos internos, pero con esta modificación «se busca garantizar la interoperabilidad entre las instituciones públicas y el sector privado, asegurando la validez jurídica de los documentos digitales».
El tercer cambio propone formalizar las audiencias virtuales e híbridas, de modo que las partes involucradas en un proceso puedan optar entre participar presencialmente o de forma remota.
En caso de que no se pongan de acuerdo, el juez tendrá la facultad de decidir el formato más adecuado para garantizar la eficacia del proceso.
«Esta medida busca facilitar el acceso a la justicia y reducir los costos y tiempos asociados al desplazamiento físico de los usuarios», sostuvo Molina.
Finalmente, la iniciativa introduce una nueva modalidad denominada georreferenciación de los actos de alguacil, que permitirá verificar con precisión el lugar y la hora en que se realizan las notificaciones judiciales.
Con esta herramienta tecnológica, Molina comentó que el Poder Judicial busca incrementar la transparencia y evitar disputas sobre la validez de las notificaciones.
