Consejo Electoral de Ecuador convoca a referéndum y consulta popular para el 21 de abril

El Consejo Nacional Electoral (CNE) de Ecuador convocó de manera oficial al referéndum y consulta popular impulsada por el Gobierno para el próximo 21 de abril sobre enmiendas constitucionales y reformas legales sobre seguridad, justicia, inversión y empleo.

El CNE, en un mensaje a la nación, convocó a los ecuatorianos a participar en este proceso de consulta que incluirá once preguntas, cinco para el referéndum de enmiendas constitucionales y seis de un plebiscito sobre las reformas legales.

El organismo electoral recordó que el voto es obligatorio para los ecuatorianos mayores de edad, pero opcional para los jóvenes de entre 16 y 18 años de edad, para los mayores de 65 años, así como para militares y policías, personas con discapacidad y reos sin condenas en firme.

También podrán votar los ecuatorianos que residan en el exterior y que se hayan inscrito debidamente para participar en el proceso de consulta.

En total, 13,654,291 ciudadanos están habilitados para votar sobre once preguntas de interés nacional, cuya legalidad ya fue calificada por la Corte Constitucional, el máximo organismo de control de la carta magna.

El CNE también llamó a las organizaciones de la sociedad civil que quieran participar en la promoción del ‘Sí’ o del ‘No’ a las preguntas planteadas, a inscribirse para poder actuar en la campaña electoral que se desarrollará entre el 7 y el 18 de abril.

El límite del gasto electoral fijado por el CNE para este proceso asciende a 2,730,858.20 dólares para cada una de las opciones (Sí o No) y quienes quieran intervenir en la promoción deberán inscribirse hasta el próximo 4 de marzo.

El 18 de abril se llevará a efecto el voto de presos que no tengan una sentencia condenatoria en firme, mientras que a día seguido se desarrollará el “voto en casa” para personas mayores de 65 años que así lo soliciten.

Entre las cinco enmiendas a la Constitución que se votarán está la participación de las Fuerzas Armadas en apoyo a la Policía contra el crimen organizado, permitir la extradición de ecuatorianos, instaurar juzgados en materia constitucional, reconocer los arbitrajes internacionales y flexibilizar el mercado laboral con contratos temporales y por horas.