El respeto a las facultades del Congreso, llamado a tener la última palabra en la confección de leyes, no implica desconocer que en materia electoral asisten a la Junta Central Electoral prerrogativas insoslayables para la configuraron de normas que le permitan desarrollar con equidad y pulcritud la función que le asigna el sistema constitucional dominicano.
El fin último de este órgano de derechos civiles, de cuya gestión deriva la asignación de funciones de poder en el Estado, es lograrlo con eficiencia e imparcialidad llevando con transparencia a millones de dominicanos a votar. Los fundamentos y perfiles de orden institucional que la JCE reclama para servir a la democracia, en el marco de sus supremas obligaciones, no pueden ser objeto de una carpintería de valoraciones que los desvirtúen.
Asuntos que además no deben dilucidarse de espaldas a las recomendaciones y criterios de entes de la sociedad dominicana que con sentido constructivo, y acogiéndose a libertad de cátedra, defienden principios distanciados de la unilateralidad partidaria inmoderada.
