Salud

Covid-19: habrá tratamiento y vacuna, ¿pero podremos pagarlo?

Estamos viviendo una situación crítica excepcional: 3.000 millones de personas en cientos de países hemos estado confinadas y los sistemas asistenciales se han visto desbordados por la magnitud e intensidad de la pandemia provocada por el virus SARS-CoV-2, la COVID-19. Más de 3 millones de personas se han contagiado y decenas de miles de personas han fallecido por esta enfermedad. Por otra parte, el impacto económico provocado por el freno de las economías se está midiendo en millones de puestos de trabajo perdidos, empresas llevadas a la bancarrota, caídas de los valores en bolsa y previsiones muy negativas para los próximos meses.

La gravedad de la situación ha empujado a cientos de investigadores en todo el mundo a multiplicar sus esfuerzos para desarrollar tratamientos eficaces y seguros y alcanzar la ansiada vacuna, mientras que gobiernos de todo el mundo incrementan y reestructuran sus presupuestos en investigación. Pero al desafío científico hay que sumarle otro casi tan importante: conseguir que estos productos sean lo suficientemente asequibles para que todas las personas que los precisen, en España y en el mundo, puedan acceder a ellos.

El modelo actual de fijación de precios establece que cuando se desarrolla un nuevo fármaco clínicamente efectivo, una vez autorizados por las agencias de medicamentos americana y europea y validados por la OMS, este pasará a estar protegido por alguna patente y serán las empresas propietarias de la misma quienes fijen el precio que les convenga, amparadas en su monopolio. Entonces, puede darse el caso de que muchas personas y sistemas de salud no puedan pagar los precios fijados. Así sucedió en 1996, cuando se descubrió un tratamiento eficaz para el VIH/sida. Y así ocurrió también en 2014, cuando se descubrió un tratamiento efectivo para la hepatitis C.

Los precios fijados en los dos casos expuestos siguen sin ser asequibles aún para miles de personas. Además, los países que los pueden pagar, con enorme esfuerzo, detraen grandes cantidades de recursos muy necesarios para contratar personal sanitario o financiar servicios sociales adecuados. Así lo advertíamos en el informe Monopolios y precios de los medicamentos: un problema ético y de salud pública, publicado hace algo menos de un año por la Fundación Alternativas.

El sistema de patentes de medicamentos fue diseñado inicialmente con la justificación de financiar la investigación realizada por las empresas farmacéuticas. Pero como mostrábamos en el mencionado documento, tras décadas en funcionamiento, se ha demostrado que no solo no ha sido efectivo para aumentar la innovación, sino que además “han producido importantes efectos negativos, como marcados sesgos en la agenda de investigación (intereses comerciales y no necesidades de salud), sesgos de diseño, sesgos de interpretación y sesgos de publicación”. En la Unión Europea, tan solo se dedica a la investigación el 16% del total de lo ingresado por la venta de medicamentos, un porcentaje inferior al que se destina al marketing (23%) o a la distribución de beneficios (20%). Además, no hay que olvidar que gran parte de la investigación en biomedicina proviene de la financiación pública directa, canalizada a través de institutos de investigación, centros sanitarios, universidades, becas, proyectos, etc.

No obstante, hay otras alternativas para financiar esa investigación. Una de ellas es pagar a la empresa propietaria de la patente lo que le ha costado esa investigación, añadiendo incluso una cantidad como premio, como sugiere Stiglitz. Los costes de pagar de esta manera la investigación serían mucho menores que los costes que deberemos pagar por el sobreprecio de las patentes. A ello habría que descontar la ya mencionada financiación pública directa destinada al desarrollo de nuevos tratamientos.

¿Pero cómo podemos estimar cuál es el precio justo de un medicamento? Para ello, es bueno conocer sus costes de producción, algo que ya se está haciendo con algunos de los medicamentos que se están ensayando para el tratamiento del COVID-19 (antivirales, antibióticos, etc.). Andrew Hill et al., en un estudio publicado en el Journal of Virus Erradication el pasado 9 de abril, estiman que la media del coste de producción de un tratamiento total (entre 10 y 28 días) con alguno de los diferentes medicamentos testados no sobrepasaría los 30 dólares. En el caso del remdesivir, uno de los más prometedores hasta ahora (en los últimos días se han filtrado datos que ponen en duda su efectividad), el coste es de 0,93 dólares por día.

En la actualidad, el antiviral remdesivir, utilizado anteriormente para otras enfermedades como el ébola o el MERS, está siendo aplicado como un potencial tratamiento efectivo para el COVID-19. Gilead, propietaria de la patente registrada en más de 70 países, es la misma empresa que comercializó el sofosbuvir para la hepatitis C a precios tan altos que muchos países no pudieron ni pueden pagarlos. La consideración de que esta pandemia afecta a toda la humanidad ha llevado a más 150 organizaciones civiles y profesionales a dirigirse a Gilead solicitando la puesta a disposición de los ciudadanos del conocimiento necesario para permitir la producción y el suministro del fármaco por los fabricantes de genéricos de todo el mundo.

Después de superar esta crisis será fundamental abordar el cambio del modelo de financiación y desarrollo de vacunas para garantizar su sostenibilidad. Nos va la vida en ello

La gravedad de la pandemia y la urgencia de la situación podría empujar a las empresas privadas o los centros públicos de investigación a poner a disposición de todos, voluntariamente, las investigaciones que estén desarrollando en relación con el COVID-19. Esto aceleraría la investigación y garantizaría precios asequibles. En este sentido, el presidente de Costa Rica ha dirigido estos días una carta al director general de la OMS, en la que propone crear un repositorio voluntario de patentes y otros derechos de propiedad intelectual, de vacunas, medicamentos, tests y tecnología médica necesaria para diagnosticar, prevenir, tratar y controlar el COVID-19. Las compensaciones por la investigación desarrollada se podrían financiar con un fondo común.

Pero ¿qué pasaría si la empresa privada propietaria de la patente no quiere cederla al fondo público, o no quiere poner los precios de coste, sino precios abusivos? Como recuerda Carlos Correa, director ejecutivo de Centro Sur, en la carta dirigida a los directores de la OMS, de la OMC y de la OMPI el pasado 4 de abril, los Gobiernos pueden aprobar licencias obligatorias, suspendiendo temporalmente el monopolio que concede la patente y autorizando a otras empresas a fabricar o a importar ese medicamento a precio de genérico. En este sentido, el Gobierno de Israel ha aprobado una licencia obligatoria para lopinavir y ritonavir, utilizados para tratar el COVID-19, y Chile, Ecuador, Canadá, Alemania y Brasil han tomado iniciativas para facilitar la aplicación de las licencias obligatorias. España debería caminar ya en la misma dirección e impulsar en la Unión Europea la modificación urgente de la legislación necesaria (relacionada con la exclusividad de datos y de comercialización).

El actual modelo de patentes, justificado para pagar la I+D de medicamentos, ha convertido a la industria farmacéutica en una de las más rentables del mundo. Como indicábamos en nuestro documento, “los beneficios sobre ventas de las diez empresas farmacéuticas más grandes son tres veces mayores que los de las diez empresas más grandes de todos los sectores” (y llegan a ser cinco veces y media mayores una vez se descuenta el gasto excesivo en marketing y otros servicios ajenos a la investigación). La financiarización del sector se ha trasladado asimismo en enormes beneficios para accionistas y ejecutivos, como revela un informe del Centre for Research on Multinational Corporations (SOMO) publicado este mes.

El sobreprecio de los nuevos fármacos es una tendencia creciente que afecta de forma profunda al gasto hospitalario, y los altísimos precios dificultan a los pacientes y a los sistemas de salud el acceso a estos fármacos, obligando al racionamiento o a la demora en su autorización, y detrayendo importantes recursos, en detrimento de otras necesidades sanitarias. Además, con este sistema, las empresas investigan en aquellos productos que les interesan desde su óptica de beneficio, pero no dirigen su investigación según las prioridades de salud pública. Por eso no se investiga en antibióticos y otros antiinfecciosos o en vacunas para algunas de las enfermedades más letales.

En la crisis del COVID-19 todos sentimos que el acceso a una sanidad pública y a los medicamentos necesarios debe ser un derecho de todos, un derecho humano, y no un privilegio para quienes decida de forma unilateral el ejecutivo de una empresa privada. La única prioridad ahora mismo debe ser responder a la crisis generada por esta pandemia. Y hemos de hacerlo con decisión y rapidez. Pero, después de afrontar y superar esta crisis, será fundamental abordar el cambio del modelo de financiación y desarrollo de medicamentos y vacunas para garantizar su sostenibilidad. Nos va la vida en ello.

* Fernando Lamata es doctor en Medicina y especialista en Psiquiatría, y Ramón Gálvez es especialista en Neurología

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