Editorial

Credibilidad institucional

La población y en particular la opinión pública por lo regular reaccionan incrédula frente a las autoridades y sus declaraciones sobre la marcha del país y sus instituciones. Esa situación se pone en evidencia en los casos de las informaciones del Banco Central sobre el crecimiento de la economía  y sobre la afirmación del Presidente de la SCJ respecto al buen desempeño de la Justicia dominicana.

Con frecuencia el Banco Central rinde cuenta sobre el  alto crecimiento de la economía. La declaración más reciente da cuenta de que en el 2014 la tasa de crecimiento económico registrada por el Banco Central  se elevó a un 7,1%, una de las más altas de la región latinoamericana, cuyo promedio anual solo alcanzó el nivel del 1,1%. La información se ofrece como una indicación de lo bien que marcha la economía dominicana y cuyas perspectivas para el 2015 son igualmente muy halagüeñas. Sin embargo, mucha gente pone en duda esa valoración y perspectiva sobre la base de que esa imagen de bonanza económica no se siente en la economía real de la gente. Esa incredulidad tiene su razón en el hecho, ya establecido por los organismos multilaterales, de que la economía dominicana crece pero sin prosperidad para la gente, por la escasa distribución de sus beneficios. Por el contrario la concentración de la riqueza hace que una minoría privilegiada sea la mayor beneficiaria del crecimiento estadístico de la economía. La economía dominicana es una economía de ricos y exclusivamente empresarial, especialmente de la gran empresa local y multinacional. Por eso cobra sentido el dictamen humorístico de que la economía dominicana “morirá en perfecto estado de salud”. Ese contraste entre crecimiento y bienestar hace que la gente no crea, dudándose de la veracidad de la información oficial ofrecida para entusiasmar  a los incautos.

Algo similar surge con el dictamen del Presidente de la SCJ, cuando establece la agilidad con que opera la Justicia dominicana, al tiempo de negar su lentitud en los procesos judiciales. Esa percepción positiva del Presidente del máximo organismo judicial, contrasta con la percepción generalizada sobre las fallas de la Justicia, hasta el punto de que se viene generalizando la idea de que los organismos judiciales hoy día están más politizados que nunca y más al servicio de grupos particulares partidarios, empresariales y hasta de delincuentes, en especial del narcotráfico.

Por eso se insiste tanto en el problema de la impunidad, sobre todo la que protege a la corrupción administrativa y al crimen organizado. Se percibe que la Justicia y las altas cortes son solo instrumentos de grupos políticos particulares, para garantizar no el estado de derecho, sino el control político y la continuidad en el poder. La celebración del  Día del Poder Judicial fue motivo para que representantes de la Iglesia, de instituciones de la Sociedad Civil y profesionales se manifestaran poniendo en duda la idoneidad de la Justicia y sus debilidades, y en particular su falta de independencia del poder político, expresiones éstas que consolidan el estado de incredulidad de la población respecto al funcionamiento de la Justicia en el país.

¡La incredulidad es, pues, un desafío para las instituciones públicas!

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