¿Cuándo deja de ser una advertencia y se convierte en una tragedia?

Por: Giovanni Matos._

La muerte de Darlin Enmanuel Mercado Reyes durante una intervención policial en Herrera, Santo Domingo Oeste, vuelve a colocar bajo escrutinio a las instituciones encargadas de garantizar el orden público. Más allá de la responsabilidad penal individual, el caso obliga a preguntarse si los mecanismos internos de supervisión, disciplina y evaluación de la Policía Nacional están siendo realmente eficaces para prevenir hechos lamentables.

La información de que el cabo José Francisco Moreta Heredia había sido suspendido disciplinariamente en dos ocasiones antes del incidente resulta de evidente interés público. Una sanción estuvo relacionada con ofrecer una versión falsa sobre el origen de una herida de bala; la otra, con ocultar la pérdida de una cámara corporal asignada para el servicio. Estos antecedentes invitan a reflexionar sobre la manera en que las instituciones valoran las señales de alerta en el desempeño de sus agentes y sobre si las medidas adoptadas fueron suficientes para corregir conductas que comprometían la confianza pública.

La filosofía ha insistido durante siglos en que la verdad constituye el fundamento de toda convivencia. René Descartes afirmaba que la búsqueda de la verdad exige rechazar el engaño como método, mientras que Immanuel Kant sostenía que la honestidad no admite excepciones, porque una mentira termina erosionando la confianza sobre la cual se sostiene la sociedad. Cuando un servidor público incurre en conductas que afectan la credibilidad institucional, la respuesta administrativa debe ser proporcional, rigurosa y orientada a evitar riesgos futuros.

También resulta pertinente analizar los criterios utilizados para los ascensos y reconocimientos dentro de las instituciones armadas. Que un agente pueda haber recibido una Medalla de Buena Conducta y aprobado un curso sobre el uso legítimo de la fuerza demuestra que la capacitación y los reconocimientos, por sí solos, no garantizan un desempeño correcto en circunstancias críticas. El mérito debe medirse no únicamente por los certificados obtenidos, sino también por la conducta cotidiana y el respeto permanente a los protocolos.

Las instituciones de seguridad no pueden limitarse a reaccionar después de que ocurre una tragedia. La prevención debe ser el eje central de toda política disciplinaria. Cada investigación interna, cada suspensión y cada observación al expediente de un agente deberían convertirse en herramientas para determinar si esa persona reúne las condiciones éticas, psicológicas y profesionales para continuar ejerciendo una función que implica portar armas y tomar decisiones en segundos.

El caso pone nuevamente sobre la mesa la importancia de las cámaras corporales. Estos dispositivos no solo protegen a los ciudadanos frente a posibles excesos, sino que también resguardan a los propios agentes frente a acusaciones infundadas. La pérdida u ocultamiento de un equipo de esta naturaleza debería analizarse con especial rigor, porque compromete la transparencia de las actuaciones policiales y dificulta el esclarecimiento de los hechos.

Como advertía José Ortega y Gasset, «yo soy yo y mi circunstancia». Ningún funcionario actúa completamente aislado del sistema al que pertenece. Cuando se producen episodios que generan profunda preocupación social, corresponde revisar no solo la conducta individual, sino también los procesos de supervisión, selección, capacitación y control interno que permitieron que determinadas situaciones pasaran inadvertidas o no recibieran una respuesta más contundente.

La investigación penal actualmente en curso deberá establecer, con absoluto respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia, las responsabilidades que correspondan. La justicia exige imparcialidad, respeto por las pruebas y decisiones sustentadas en el derecho. Al mismo tiempo, la sociedad tiene derecho a esperar que los hechos sean esclarecidos con total transparencia y que, si existen responsabilidades, estas sean sancionadas conforme a la ley.

La fortaleza de una institución no se mide por su capacidad para ocultar sus errores, sino por su disposición para reconocerlos, corregirlos y aprender de ellos. Como escribió Friedrich Nietzsche, «quien tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo»; trasladado al ámbito institucional, ese «porqué» debe ser el compromiso irrenunciable con la legalidad, la verdad y el respeto a la dignidad humana. Solo así podrá fortalecerse la confianza ciudadana en la Policía Nacional y evitar que las advertencias ignoradas terminen convirtiéndose, una vez más, en dolorosas tragedias.