A propósito de las recientes declaraciones del expresidente Danilo Medina, en las que cuestiona la decisión del presidente Luis Abinader de autolimitar sus posibilidades de futuras aspiraciones presidenciales mediante la reforma constitucional de 2024, resulta propicio poner en perspectiva el verdadero alcance de una modificación que trasciende las coyunturas políticas del presente y debe ser valorada por lo que representa para el futuro de la democracia dominicana.

Esa reforma, impulsada y promovida por el presidente Luis Abinader, estableció un principio fundamental: las reglas de elección presidencial no pueden seguir modificándose de acuerdo con las conveniencias del momento político o las apetencias continuistas del gobernante de turno. Al blindar, mediante el artículo 268, las reglas establecidas en el artículo 124, se dio un paso trascendental para garantizar la estabilidad de la fórmula de elección presidencial, la alternancia en el poder, así como el fortalecimiento de una cultura democrática que deje atrás el personalismo y el caudillismo político en la República Dominicana.

Lo verdaderamente excepcional de esta decisión es que Abinader, quien tenía todas las posibilidades políticas para procurar que las reglas le permitieran continuar, hizo exactamente lo contrario: promovió una modificación constitucional que le cerró a él mismo cualquier posibilidad de volver a aspirar a la Presidencia una vez completados los períodos constitucionalmente permitidos y, al mismo tiempo, dejó esa regla protegida para quienes vengan después. Ese es un precedente de enorme trascendencia institucional y constituye un aporte al desarrollo de un sistema democrático maduro, en el que el liderazgo político no se mide únicamente por la capacidad de alcanzar el poder, sino también por la voluntad decidida de establecer límites para su ejercicio.

El mayor legado de una reforma constitucional de esta naturaleza pertenece a las generaciones que todavía no han llegado al poder. La República Dominicana necesita que sus presidentes puedan gobernar, pero también requiere que sepan cuándo el poder debe ser entregado. Necesitamos liderazgos fuertes, pero también una institucionalidad cada vez más robusta. La reforma de 2024 estableció precisamente ese principio: ningún presidente debe ser indispensable para la democracia y ninguna mayoría circunstancial debe poder alterar las reglas fundamentales de la competencia presidencial para favorecer a quien gobierna.

Esa decisión del presidente Abinader constituye una muestra concreta de convicción democrática y una garantía de que el futuro político de la República Dominicana estará marcado por el relevo del liderazgo, el fortalecimiento institucional y una competencia electoral cada vez más respetuosa de la voluntad ciudadana. Esa es la verdadera dimensión del “nunca más” que consagra esta reforma: nunca más utilizar la Constitución como un instrumento para procurar la permanencia indefinida de un gobernante en el poder.