Cuestionan enfoque de la reforma policial y advierten sobre el respeto a la vida y la dignidad humana

Pedro González

Santo Domingo.— Fuertes cuestionamientos han surgido en torno al enfoque con que se está desarrollando la reforma de la Policía Nacional y al discurso oficial sobre la persecución de la delincuencia, particularmente ante el temor de que la lucha contra el crimen pueda terminar justificando actuaciones desproporcionadas contra personas señaladas como delincuentes.

Las críticas plantean interrogantes sobre hasta dónde puede llegar la actuación de los organismos de seguridad del Estado y si, en nombre del combate a la criminalidad, se estaría poniendo en riesgo el principio fundamental de que toda persona conserva su dignidad y sus derechos, independientemente de que enfrente acusaciones o procesos judiciales.

El presidente Luis Abinader ha defendido públicamente la reforma policial y ha reiterado que el Estado perseguirá a quienes cometan delitos. En una declaración reciente, afirmó que quienes tengan órdenes de arresto serán buscados por las autoridades y que el Gobierno cuenta con tecnología y personal capacitado para enfrentar la criminalidad.

Sin embargo, documentos oficiales que establecen los principios de la reforma policial señalan expresamente la dignidad humana, la protección de los derechos humanos y la responsabilidad de los agentes como elementos fundamentales del proceso. El Decreto 20-22 establece que ningún miembro de la Policía puede justificar torturas u otros tratos crueles, inhumanos o degradantes bajo ninguna circunstancia.

Asimismo, el Decreto 371-24, que establece los lineamientos del proceso de reforma, dispone que este debe orientarse hacia un modelo policial que respete y proteja la dignidad humana, además de promover la participación ciudadana y la responsabilidad institucional.

En ese contexto, sectores críticos cuestionan cualquier concepción que pueda interpretar la condición de delincuente como una pérdida de la condición humana y advierten que la persecución del delito debe desarrollarse dentro del marco constitucional, con investigaciones, órdenes judiciales, debido proceso y respeto a la vida.

Las críticas también plantean que cualquier denuncia sobre abusos, ejecuciones extrajudiciales o uso indebido de la fuerza debe ser investigada por las autoridades competentes y determinarse responsabilidades conforme a la ley. El propio Gobierno ha señalado que los casos de muertes ocurridas durante actuaciones policiales deben ser investigados de manera independiente y que no debe existir impunidad frente a posibles abusos.

El debate vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta central para la sociedad dominicana: cómo combatir eficazmente la delincuencia sin abandonar los principios de un Estado de derecho, donde la seguridad ciudadana y la protección de la vida y la dignidad humana deben coexistir dentro del marco de la ley.