Editorial

De hechos y derechos

La audiencia de solicitud de medida de coerción contra once imputados por la comisión de presunta corrupción, concluyó anoche con la imposición de tres meses de prisión preventiva a Alexis Medina, hermano del presidente Danilo Medina, y otros seis implicados, en tanto que tres procesados recibieron penas de arresto domiciliario y prestación de fianza por diez millones de pesos.

Después de más de 27 horas de exposiciones y debates, el juez José Alejandro Vargas se retiró a deliberar, tras lo cual pronunció su decisión, que incluye la libertad con presentación periódica del prevenido Domingo Antonio Santiago Muñoz.

Sin formular juicio de valor sobre la las medidas de coerción impuestas por el juez a cada uno de los encartados, esa experiencia jurídica y procesal superó las expectativas porque durante más de 27 horas los intervinientes se relacionaron con los hechos y el derecho.

A pesar de que se trató de una audiencia preliminar limitada al pedimento del Ministerio Público y de los abogados de la defensa de las medidas cautelares, ese proceso llamó la atención y el interés de la ciudadanía aun mayor que el juicio de fondo contra imputados en el caso Odebrecht.

Con las medidas de coerción impuestas por el magistrado Vargas, ese proceso queda ahora bajo la tutela del Tercer Juzgado de la Instrucción que tendrá a su cargo la valoración de evidencias, pruebas o nuevos encartados que agreguen los fiscales.

Durante los días de audiencia transmitida por televisión, abogados del Ministerio Público y de las barras de la defensa exhibieron sus mejores condiciones de litigantes y algunos de los encartados ofrecieron conmovedores relatos, sin que en ningún momento salieran a relucir quejas sobre violación de derechos o de persecución política.

Ese proceso contra imputados por estafa, abuso de confianza, desfalco, colusión de funcionarios y lavado de activos, al igual que el que se incoa por soborno contra exfuncionarios, exlegisladores, empresarios y abogados, se corresponden con el oleaje anticorrupción que anega a América Latina, por lo que no es posible vincular esas iniciativas jurídicas con modelos de persecución política.

A lo que se aspira de hoy en adelante es que en todos los escenarios judiciales el Ministerio Público y el Orden Judicial cumplan al pie de la letra su obligación de respetar el debido proceso, los derechos y la dignidad de todos los investigados y encartados y, de manera relevante, el derecho a la defensa.

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