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Defensa de Jean Alain acusa a abogados del Poder Ejecutivo de violar independencia del MP.

El Consejo de Defensa de Jean Alain Rodríguez y más de una decena de las partes en el proceso de supuestas irregularidades en la Procuraduría General de la República, solicitaron ante el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional la exclusión de una querella interpuesta como “víctimas” artificializada por un grupo de abogados de inocultable militancia perremeísta, designados por el decreto No.22-21 del presidente Luis Abinader.

Indica un comunicado que la solicitud de exclusión de esta «barbaridad procesal» será decidida por el Tribunal mañana martes 5, y se fundamenta, entre otras irregularidades, en que estos abogados no pueden ni deben suplantar las atribuciones del Ministerio Público como único representante del Estado (Art. 85 CPP).

Al efecto, el Ministerio Público presentó en la pág. 29 de su acusación que actúa como víctima y querellante “en representación del Estado”, PERO, a la vez, el señalado grupo de abogados perremeístas designados por el presidente Luis Abinader, se auto-designan “víctimas en representación del Estado”.

Añade el comunicado que semejante proceder insulta la propia inteligencia del Poder Judicial, dado que dos entes no pueden a la vez, disputarse representación del Estado como víctima. Y peor aún, porque el presunto afectado es el propio Ministerio Público y no una dependencia del Poder Ejecutivo como sí ha ocurrido en los demás casos de presunta corrupción.

El soporte jurídico de nuestra parte descansa en: artículo 170 de la constitución, la ley 133-11 y en ocasión de que el Tribunal Constitucional ha dejado bien claro que el Ministerio Público es un órgano autónomo, independiente y extra poder y a la luz de lo anterior el mandatario no puede asumir la representación ni considerarse víctima. Permitirlo sería también permitir que el Poder Ejecutivo mañana asigne abogados como víctimas para representar la Suprema Corte de Justicia o la Cámara de Cuentas frente a una eventual irregularidad en dichos órganos.

Sabiendo este «adefesio», la PGR, en la pág. 29 de su acusación, tildó a estos abogados como representantes de la “Administración Central”, no obstante, el señalado Decreto 22-21 no otorga poder a esos abogados para representar a la “Administración Central”, sino al Estado Dominicano y ya este ente está siendo formalmente representado por el Ministerio Público y no puede ser representado por nadie más al ser un órgano independiente. Tal dualidad de representación está prohibida y eso lo sabe el juez encargado de semejante atropello.

Esos abogados perremeístas ocultan aviesamente el millonario porcentaje de honorarios que recibirán del eventual dinero recuperado bajo las conocidas presiones y bien es sabido que habían estipulado inicialmente un 15% y que dicho monto obliga a la Consultoría Jurídica a realizar licitaciones o someter estos contratos a la aprobación del Congreso, lo cual no han realizado.

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