Defensa de Jean Alain pide a Abinader no oponerse a pedido de libertad de grupo de la ONU.
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RESUMEN
Este miércoles seis de diciembre, el Tercer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional conocerá en primera instancia una audiencia sobre la decisión No.46/2023 del Consejo de los Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) que determinó, a través de su Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias, que la prisión del exprocurador general de la República, Jean AlainRodríguez, es arbitraria e instó a ponerlo en libertad mientras continúa el juicio en su contra.
El Consejo de Defensa del exprocurador dijo en una nota de prensa que la instancia procura, «con la anuencia del Presidente de la República e instrucciones del mismo a la Procuraduría General de la República, para que no se oponga a la decisión de la ONU, respetando así nuestras obligaciones, acuerdos, tratados y pactos internacionales, evitando que el caso sea conocido en la Corte de Apelación y en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, donde podríamos enfrentar consecuencias enojosas».
El exfuncionario es el principal acusado del denomindado caso Medusa, cuyos imputados están acusados por el Ministerio Público de desviar montos superiores a más de seis mil millones a través de varios actos de corrupción.
En un documento, la defensa de Rodríguez hace el pedido a Abinader en su condición de jefe de Estado y de Gobierno de la República Dominicana, así como el encargado de la política exterior.
La defensa insta al mandatario a hacer uso «de sus buenos oficios, a los fines de NO OPONERSE al cumplimiento a la Decisión No. 46/2023 del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, emitida a través de su Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias, en la cual se decidió que la prisión de Jean Alain Rodríguez deviene en arbitraria, solicitando la ONU al Gobierno dominicano su inmediata puesta en libertad mientras continua el juicio en su contra».
En el documento, la defensa de Jean Alain recuerda que el Grupo de Trabajo Sobre Detenciones Arbitrarias de la ONU determinó que al exfuncionario le fue violado su derecho a la defensa al serle impedido defenderse en la audiencia que dispuso su privación de libertad, «no obstante no presentar peligro de fuga».
«Concluyendo la ONU que su privación de libertad es arbitraria y violatoria de los artículos 3, 8, 9, 10 y 11 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y los artículos 2, 9, 10 y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos», refiere el documento.
El informe del grupo de la ONU fue respondido por el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Procuraduría General de la República en una rueda de prensa el pasado 24 de noviembre.
El ministro de Relaciones Exteriores, Roberto Álvarez, calificó como «desacertado y lleno de falsedades» el informe y aclaró que el «documento no es vinculante para la República Dominicana, y que, por tanto, la justicia dominicana no está obligada a acatar lo establecido en ese escrito».
