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¡Delatado! Siendo asesor del Gobierno, ministro de Educación usaba su empresa para enriquecerse con erario público.

El decreto 356-20 lo delata. El ministro de Educación, Ángel Hernández, infringió claramente la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones de Bienes, Servicios, Obras y Concesiones del Estado dominicano, con la firma de contratos con instituciones públicas, que beneficiaron su empresa mientras ostentaba el cargo de asesor del Estado, así como el actual.

Con el referido decreto emitido el 19 de agosto de 2020, bajo la firma del presidente Luis Abinader, Hernández quedó designado como asesor del Poder Ejecutivo en materia de educación.

Esta ordenanza fue derogada con su nombramiento como ministro de Educación, el tres de agosto de 2022 (ver decreto 414-22). Sin embargo, durante este período y estando en pleno ejercicio de su función pública como asesor del Poder Ejecutivo, este funcionario no dudó en firmar un acuerdo, para su beneficio, con el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio (INAFOCAM) y la Universidad Abierta para Adultos (UAPA), de su propiedad.

El contrato firmado entre esta institución pública y la referida universidad, para la ejecución de la maestría en Gestión de Centros Educativos, dirigida a la capacitación de 50 técnicos, directores y coordinadores, fue aprobado el 28 de febrero de 2022, por el Comité de Becas del INAFOCAM, fecha en la que el ministro actual de Educación, Ángel Hernández, fungía como asesor del Poder Ejecutivo.

La firma del contrato fue materializada en septiembre de este 2023 y tiene una vigencia hasta el 15 de febrero de 2025. Pero no es el único caso, Hernández también fue favorecido con la adjudicación de un contrato para su universidad en el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MIC).

De acuerdo al periodista, Alfredo de la Cruz, la UAPA, propiedad del actual ministro de Educación, ha recibido más de 260 millones de pesos del Estado, desde 2020 a la fecha.

El artículo 14 de la Ley 340-06 es claro y enumera a todos los funcionarios y relacionados que no pueden ser oferentes ni contratar con el Estado, y Hernández desde 2020 forma parte de este grupo.

En su artículo 12, advierte que todo funcionario público que participe en los procesos de compra o contratación será responsable por los daños que por negligencia o dolo causare al patrimonio público, y será pasible de las sanciones contempladas en la presente ley, la cual puede llevar incluso a la destitución y el sometimiento a la justicia.

El reglamento, en su artículo 72, también insta a los ciudadanos a denunciar cualquier violación a la referida ley, a pesar de esto, el ministro de Educación y el director del INAFOCAM, Francisco Ramírez, optaron por intimidar a quienes haciendo uso de su derecho hicieron pública la denuncia.

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