Editorial

Derechos humanos

Ayer el mundo conmemora hoy el Día Internacional de los Derechos Humanos, instituido el 10 de diciembre de 1948 con motivo de la aprobación por la Asamblea General de Naciones Unidas (ONU), celebrada en París, Francia, de la Declaración Universal que recoge los derechos inalienables de todos los ciudadanos.

Los 30 artículos de esa histórica declaración consagran derechos fundamentales, como el de la vida, la libertad y la seguridad que deben ser observados sin distinción de raza, color, sexo, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, nacimiento o cualquier otra condición.

En gran parte de la geografía mundial ha sido un eufemismo la proclama contenida en esa resolución de la ONU, de que “todos los seres humanos nacen libres e iguales y dotados como están de razón y de conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”.

Millones de hombres, mujeres y niños son víctimas de represión, exclusión y persecución por razones políticas, religiosas o étnicas o víctimas de expansionismo geopolítico o de modelos que promueven privilegios o discriminación.

Dieciocho años antes de la aprobación y publicación de esa histórica Declaración, República Dominicana estuvo sometida al oprobio de una tiranía sin ejemplo que cercenó derechos inalienables como los referidos a la vida, la libertad, expresión, de tránsito y hasta literalmente el derecho a respirar libremente.

Es por eso que los dominicanos deberían asumir tan trascendente efeméride con gran espíritu reflexivo y renovado compromiso de luchar incansablemente por la preservación de un estado social de derecho que promueva y respete todas las prerrogativas ciudadanas que matizan la equidad, convivencia y gobernanza.

El Estado y el Gobierno han sido displicentes en garantizar a plenitud derechos a la igualdad y equidad, pero se admite que aquí no hay presos de conciencia ni perseguidos de manera directa por razones políticas, religiosas, económicas, o étnica, aunque sí formas de discriminación.

Se reclama de los poderes públicos garantía y tutelaje efectivo de los derechos humanos, como la preservación de la vida, la libertad y la seguridad, y para que ningún ciudadano sea sometido a formas de esclavitud, tortura o tratos crueles ni ninguna otra forma de conculcación de sus prerrogativas inalienables.

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