Editorial

Diálogo, democracia, libertad y justicia social

Es indiscutible que el diálogo entre dirigentes políticos, empresariales y religiosos en busca de la superación de la crisis postelectoral, cuenta con el respaldo de la mayor parte de la población y de los estamentos del poder.

No obstante, el conversatorio se limita a los intereses electorales de los actores del sistema político dominicano, por tanto, es inconcluso porque no evalúa la problemática socioeconómica que sumerge a millones de personas en un ambiente deprimente e inhumano.

Hablar solo de los conflictos suscitados por la suspensión de los comicios del pasado 16 de febrero, es relegar el compromiso y el deber del liderazgo nacional de asumir con responsabilidad los retos para construir una democracia plena, garantizar las libertades fundamentales y establecer un régimen sustentado en la justicia social.

Es propicio debatir en ese escenario las consecuencias sociales y económicas del alocado endeudamiento del Estado, porque compromete más del 50 %  del Producto Interno Bruto (PIB) y eso obstruye el crecimiento sostenible de República Dominicana y el bienestar social.

Además, se deben abordar temas sobre las libertades y los derechos humanos para definir un plan con el objetivo de asegurar trabajo, salud, educación, garantías constitucionales y el bien común.

Quienes se enfrentan en la conversación deben exponer ideas sobre la necesidad de implementar programas en la búsqueda de la justicia social, lo que implica ejecutar políticas públicas, a fin de disminuir la iniquidad, marginación y desigualdad.

También es imprescindible puntualizar planes contra males como corrupción, delincuencia, narcotráfico, inseguridad y el crimen organizado, porque quienes están en el poder y los que aspiran alcanzarlo, deben fijar posiciones y trabajar contra esos flagelos, porque así lo amerita la paz social de los dominicanos.

Otro desafío es auspiciar la independencia de los poderes estatales, porque no puede continuar la supremacía del Poder Ejecutivo sobre el Congreso Nacional y la Justicia, en la medida el equilibrio en las estructuras y superestructuras del Estado es vital para la construcción de una democracia participativa y representativa.

Respetar la Constitución y las leyes es un deber sagrado para el funcionamiento eficaz de las instancias públicas y privadas o de lo contrario permanecerá el esquema presidencialista e individualista; así no es posible avanzar hacia la transformación de la sociedad.

Si persiste la indiferencia ante los problemas sociales y económicos que afligen a la población, nada puede esperarse del coloquio centrado solo en el ámbito electoral, pues en el futuro todo seguirá igual, inclusive se puede advertir que se agravarán las calamidades en que subsistenten miles de familias empobrecidas.

Frente a esa realidad, es un deber patriótico ejercer una ciudadanía responsable y empoderarse en defensa de los derechos esenciales con el propósito de contribuir con un estado social y de derechos con miras a estructurar una verdadera democracia en el país.

Las palabras claves en el diálogo deben ser democracia, libertad, justicia social e igualdad, debido a que constituyen las bases para erigir un sistema político democrático, justo y humanista.

Que se impongan la tolerancia y el consenso por una mejor nación.

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