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RESUMEN
La Habana. El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, condenó este jueves una nueva acción judicial promovida en Miami contra el líder de la Revolución Cubana, Raúl Castro, y aseguró que se trata de una iniciativa política sin valor jurídico ni consecuencias prácticas para la isla.
A través de un mensaje publicado en la red social X, el mandatario describió la medida como parte de un “patético circo miamense” con fines electorales. También afirmó que cualquier acción dirigida contra el general de Ejército encontrará la determinación del pueblo cubano de defender la Revolución.
Díaz-Canel sostuvo que la iniciativa está revestida de una apariencia legal, pero responde a intereses de políticos anticubanos. En ese contexto, consideró que forma parte de los intentos para justificar el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por Estados Unidos y lo que calificó como un castigo colectivo contra la nación caribeña.
La reacción oficial se produjo después de que una jueza de Miami emitiera una nueva orden de arresto relacionada con el caso del derribo, en febrero de 1996, de dos aeronaves pertenecientes a la organización Hermanos al Rescate.
La medida fue anunciada por el fiscal general de Florida, James Uthmeier, y se añade a otros procedimientos impulsados anteriormente en territorio estadounidense contra Raúl Castro y otros ciudadanos cubanos vinculados a esos hechos.
El ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez, también rechazó la decisión judicial. El canciller la definió como una nueva maniobra promovida por sectores anticubanos radicados en el sur de Florida y afirmó que refleja el agotamiento político de grupos que, según dijo, han sostenido durante décadas una estrategia de agresión contra Cuba mediante acusaciones infundadas.
La Habana ya había rechazado en mayo pasado una acusación federal asociada al mismo caso. En aquel momento, sostuvo que Washington carece de jurisdicción y legitimidad para procesar hechos relacionados con la defensa de la soberanía nacional.
La posición oficial cubana insiste en que las aeronaves implicadas violaron de forma reiterada el espacio aéreo del país. Además, recuerda que durante años trasladó denuncias sobre esas incursiones a organismos estadounidenses y a la Organización de Aviación Civil Internacional.
Según el Gobierno cubano, la actuación de la isla estuvo respaldada por el derecho a la legítima defensa, la protección de la soberanía aérea y los principios recogidos en la Carta de las Naciones Unidas y el Convenio de Chicago de 1944. Cuba sostiene que este tipo de acciones judiciales forman parte de la política de hostilidad de Washington y de los esfuerzos por mantener el bloqueo vigente desde hace más de seis décadas
