A pesar de las alertas, se decidió continuar la actividad y poco tiempo después se produjo el colapso.
La acusación está sustentada en un expediente compuesto por 278 elementos de prueba, entre ellos 64 testigos, 145 documentos procesales, 38 pruebas documentales, 27 periciales y 4 materiales. Entre los testigos figura Gregorio Adames, empleado del centro nocturno y principal testigo del órgano acusador.
De acuerdo con el Ministerio Público, los imputados incurrieron en grave negligencia estructural y operativa, lo que derivó en la tragedia.
Las autoridades aseguran que la discoteca funcionaba en un local originalmente diseñado como cine, al que se le realizaron alteraciones significativas sin los debidos estudios técnicos ni permisos de construcción.
Uno de los elementos más graves señalados en el expediente es la eliminación de una columna estructural clave, intervención que se hizo sin supervisión profesional ni licencia oficial, comprometiendo así la estabilidad del techo.
