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EEUU: Nicolás Maduro convirtió a Venezuela en una empresa criminal al servicio del narco y el terrorismo

AP.
MIAMI. – Nicolás Maduro convirtió a Venezuela en una empresa criminal al servicio de narcotraficantes y grupos terroristas, y tanto él como sus aliados robaron miles de millones de dólares al país sudamericano, afirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos en varias imputaciones difundidas el jueves en contra del mandatario de la nación sudamericana y sus allegados más cercanos.

La difusión coordinada de acusaciones formales en contra de 14 funcionarios y personas vinculadas al gobierno, así como recompensas por 55 millones de dólares en contra de Maduro y otras cuatro personas, atacaron todos los pilares de lo que el secretario de Justicia William Barr describió como el “corrupto régimen venezolano”, incluyendo las poderosas fuerzas armadas y el poder judicial, que están bajo dominio de Maduro.

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Una de las imputaciones presentada por fiscales en Nueva York acusa a Maduro y a Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente, de asociarse con rebeldes colombianos y miembros del ejército “para inundar a Estados Unidos con cocaína” y utilizar el narcotráfico como “un arma en contra de Estados Unidos”.

Los actos criminales relacionados a la confabulación de drogas y armas, que datan del inicio de la revolución comandada por Hugo Chávez en 1999, ocurrieron en lugares tan remotos como Siria, México, Honduras e Irán, de acuerdo con la acusación formal. Barr calculó que el plan ayudó a contrabandear hasta 250 toneladas de cocaína al año provenientes de Sudamérica.

Maduro respondió acusando a Estados Unidos y Colombia de conspirar, “y han dado la orden de llenar de violencia a Venezuela”.

Su más alto fiscal también anunció una investigación en contra del líder opositor Juan Guaidó luego de que una de las personas nombrada en las acusaciones de narcotráfico, el general retirado del ejército Cliver Alcalá, dijera el jueves en una entrevista radiofónica que firmó un contrato con el líder opositor y sus “asesores” estadounidenses para comprar fusiles de asalto a Estados Unidos para un golpe de Estado contra Maduro. El equipo de Guaidó dijo que nunca se ha reunido con Alcalá, quien ha vivido en Colombia desde 2018 a pesar de que previamente había sido sancionado por Estados Unidos por narcotráfico.

“Como jefe de Estado estoy obligado a defender la paz y la estabilidad de toda la patria, en cualquier circunstancia que se nos presente”, tuiteó Maduro.

Al darse a conocer las imputaciones, el secretario de Estado Mike Pompeo dijo que su departamento ofrecería recompensas en efectivo a cambio de información que lleve al arresto o condena de Maduro y sus allegados, incluyendo recompensas de hasta 15 millones de dólares por el mandatario venezolano y de 10 millones para cada una de las otras cuatro personas.

“El régimen de Maduro está repleto de corrupción y delincuencia”, dijo Barr en una conferencia de prensa en línea desde Washington. “Mientras el pueblo venezolano sufre, estas personas se llenan los bolsillos con dinero del narcotráfico y con el producto de su corrupción. Y esto debe terminar”.

En Miami, fiscales anunciaron cargos contra el presidente del Tribunal Supremo de Justicia venezolano Maikel Moreno por lavar en Estados Unidos al menos 3 millones de dólares obtenidos ilegalmente mediante el arreglo de casos en Venezuela, incluyendo uno sobre una planta de General Motors. Gran parte de ese dinero lo gastó en un avión privado, relojes de lujo y compras en Prada, aseguran los fiscales.

En una denuncia interpuesta en mayo de 2019 desprecintada en Washington, se acusó al ministro de Defensa de Maduro, el general Vladimir Padrino, de asociación delictuosa para contrabandear narcóticos.

Las sorpresivas acusaciones en contra de un jefe de Estado en funciones son sumamente raras y sin duda incrementarán las tensiones entre Washington y Caracas en momentos en que el brote de coronavirus amenaza con colapsar el sistema de salud de Venezuela y a su economía petrolera, la cual se encuentra sumida en una crisis por años de corrupción y por las sanciones de Estados Unidos. Maduro ha ordenado a los venezolanos que permanezcan en casa para contener la propagación del virus que, de acuerdo con las autoridades, ha infectado a 106 personas.

Los analistas dicen que las acusaciones podrían mejorar las aspiraciones de reelección del presidente Donald Trump en el crucial estado de Florida, mismo que ganó por un escaso margen en 2016 y donde muchos venezolanos, cubanos y nicaragüenses que huyen de regímenes autoritarios gozan de gran fuerza política.

Pero se desconoce cómo acercarían a Venezuela a poner fin a un enfrentamiento de 15 meses entre Maduro, quien cuenta con el apoyo de Rusia y China, y Guaidó, quien es respaldado por Estados Unidos. También podría fragmentar la coalición que encabeza el gobierno estadounidense en contra de Maduro en caso de que sus aliados en Europa y Latinoamérica piensen que es un exceso por parte de Trump.

“Este tipo de acciones no ayudan a una solución negociada — que de por sí ya era complicada”, dijo Roberta Jacobson, quien se desempeñó como la diplomática de mayor rango del Departamento de Estado para América Latina hasta 2018.

Maduro, un exconductor de autobús de 57 años, se describe a sí mismo como un ícono de la izquierda latinoamericana. Desde hace tiempo ha acusado al “imperio” estadounidense de buscar cualquier excusa para asumir el control de las mayores reservas petroleras del mundo, comparando su conspiración con la invasión a Panamá en 1989 para derrocar al general Manuel Antonio Noriega y que enfrentara cargos por tráfico de drogas en Florida.

Barr y Elliott Abrams, enviado especial del Departamento de Estado para Venezuela, comandan la rígida postura estadounidense contra Maduro, de manera muy similar a como propugnaron por el derrocamiento de Noriega a finales de la década de 1980: Barr como un alto funcionario del Departamento de Justicia y Abrams como subsecretario de Estado para Latinoamérica.

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