El Código Penal y los derechos fundamentales: una reforma que merece una revisión profunda ante su entrada en vigencia

LICDO, JONAEL FERNÁNDEZ

La aprobación del nuevo Código Penal de la República Dominicana representa uno de los cambios legislativos más trascendentales de las últimas décadas. Sin embargo, lejos de cerrar el debate, ha abierto una discusión nacional sobre la compatibilidad de numerosas disposiciones con la Constitución de la República y los tratados internacionales de derechos humanos.

Diversos sectores del ámbito jurídico sostienen que alrededor de setenta artículos requieren ser revisados por presentar posibles conflictos con derechos fundamentales. No se trata de un debate ideológico, sino estrictamente constitucional: toda legislación penal debe fortalecer el Estado de derecho y nunca convertirse en un instrumento que limite libertades esenciales.

Uno de los principales cuestionamientos se refiere a la libertad de expresión y de prensa. El temor de periodistas, comunicadores, abogados y organizaciones de la sociedad civil es que determinadas disposiciones puedan generar un efecto intimidatorio que limite la investigación periodística, la denuncia ciudadana y la crítica a los funcionarios públicos. Una democracia sólida necesita ciudadanos libres para denunciar actos de corrupción sin miedo a represalias penales.

También existen preocupaciones respecto a la protección del derecho a la igualdad y a la no discriminación. Las leyes penales deben garantizar que ninguna persona pueda ser objeto de un trato desigual por razones de condición social, sexo, discapacidad, orientación política o cualquier otra circunstancia protegida por la Constitución.

Otro aspecto que mantiene dividido al país es el relacionado con los derechos de las mujeres y las denominadas tres causales. Mientras algunos sectores defienden la protección absoluta de la vida desde la concepción, otros sostienen que la penalización absoluta puede entrar en conflicto con derechos fundamentales como la vida, la salud, la dignidad y la integridad física de la mujer. Este debate continúa siendo uno de los más sensibles dentro del ordenamiento jurídico dominicano.

Asimismo, juristas han señalado la necesidad de revisar disposiciones relacionadas con la técnica legislativa, la proporcionalidad de las penas, el debido proceso y la seguridad jurídica. Un Código Penal moderno no solo debe castigar con firmeza el delito, sino garantizar que ninguna persona vea vulnerados sus derechos durante el proceso judicial.

Resulta preocupante que una ley llamada a permanecer durante décadas entre en vigencia sin que exista un consenso amplio sobre disposiciones que podrían generar múltiples acciones de inconstitucionalidad y conflictos de interpretación en los tribunales.

La fortaleza de un Código Penal no se mide únicamente por la severidad de sus sanciones, sino por su capacidad de armonizar la persecución del delito con el respeto irrestricto de la Constitución. Castigar el crimen y proteger los derechos humanos no son objetivos incompatibles; por el contrario, son dos pilares inseparables del Estado social y democrático de derecho.

Por ello, el Congreso Nacional tiene la responsabilidad histórica de escuchar a todos los sectores: juristas, universidades, jueces, Ministerio Público, Colegio de Abogados, periodistas, organizaciones de derechos humanos, iglesias y ciudadanía. Las mejores leyes son aquellas que nacen del consenso y del respeto a los principios constitucionales.

La República Dominicana necesita un Código Penal moderno, eficaz y firme contra la criminalidad, pero también garantista de las libertades públicas. Ninguna reforma legislativa puede ser considerada completa si deja dudas sobre la protección de los derechos fundamentales que la propia Constitución reconoce como inviolables.

La justicia penal debe inspirar confianza, no temor; proteger a las víctimas sin sacrificar las garantías constitucionales; fortalecer la democracia, nunca debilitarla. Ese debe ser el verdadero propósito de cualquier Código Penal en una sociedad libre y democrática.

EL AUTOR ES COMUNICADOR ABOGADO Y POLITICO