El Constitucionalismo Dominicano: Entre Avances Formales y Realidades Autoritarias

Máximo Zapata 

La historia constitucional dominicana revela una paradoja fundamental: mientras el texto escrito ha evolucionado hacia mayores garantías democráticas, la práctica política ha mantenido persistentes rasgos autoritarios. Desde su primera Constitución en 1844 hasta la actual de 2024 con sus modificaciones, la República Dominicana ha experimentado más de 40 reformas constitucionales que reflejan esta tensión permanente entre formalismo jurídico y realidad política.

El siglo XIX estableció un patrón peligroso donde caudillos militares y líderes políticos reformaban la Constitución a su conveniencia. Pedro Santana, Buenaventura Báez y otros protagonistas de la era fundacional utilizaron el texto constitucional como instrumento de poder personal más que como marco limitador del Estado. Esta práctica sentó las bases de una cultura política donde la Carta Magna servía al gobernante, no al revés.

La dictadura de Rafael Leónidas Trujillo (1930-1961) llevó esta distorsión a su máxima expresión. Bajo su régimen, la Constitución se convirtió en un mero formalismo que encubría un sistema de poder absoluto. Las reformas de 1942 y 1955, lejos de modernizar el Estado, eliminaron cualquier control al poder ejecutivo e incluso incorporaron títulos honoríficos para el dictador en el texto constitucional mismo, algo inédito en la tradición jurídica occidental.

El periodo post-trujillista, encabezado por Joaquín Balaguer, mantuvo esta tradición de constitucionalismo nominal. La Carta Magna de 1966 estableció formalmente un sistema democrático pero en la práctica consolidó un presidencialismo autoritario que permitió a Balaguer gobernar por 12 años consecutivos. No fue hasta las reformas de 1994, producto de fuertes presiones internacionales tras las denuncias de fraude electoral, que se establecieron mecanismos como la no reelección consecutiva y la segunda vuelta electoral.

El siglo XXI pareció marcar un punto de inflexión con la Constitución de 2010, que incorporó importantes avances: creación del Tribunal Constitucional, fortalecimiento de derechos fundamentales, establecimiento del Defensor del Pueblo y reconocimiento de nuevos derechos sociales. Sin embargo, esta modernización formal chocó con viejas prácticas políticas. El presidencialismo exacerbado se mantuvo a través del control del Ejecutivo sobre el nombramiento de jueces y organismos electorales. Peor aún, en 2015 se aprobó una controvertida reforma que permitió la reelección presidencial, demostrando cómo la clase política sigue viendo la Constitución como instrumento para sus fines particulares.

Los desafíos actuales son profundos. El sistema judicial carece de independencia real, con jueces que deben más a sus padrinos políticos que a la ley. Los organismos electorales siguen bajo sospecha de parcialidad. La alternabilidad en el poder, principio fundamental de cualquier democracia, ha sido vulnerada recurrentemente. Y lo más grave: persiste una brecha abismal entre el texto constitucional y su aplicación efectiva.

Frente a este panorama, surgen preguntas incómodas pero necesarias: ¿Puede hablarse realmente de Estado de derecho cuando la Constitución se modifica según los intereses del gobernante de turno? ¿Es posible construir democracia con instituciones judiciales politizadas? ¿Cómo romper el círculo vicioso de constituciones avanzadas en el papel pero vulneradas en la práctica?

La solución quizás no esté en nuevas reformas constitucionales, sino en construir los mecanismos sociales que obliguen a cumplir la Constitución existente. Requiere una ciudadanía más vigilante, medios de comunicación independientes, jueces verdaderamente autónomos y partidos políticos comprometidos con las reglas de juego democráticas antes que con sus intereses particulares.

El constitucionalismo dominicano se encuentra así en una encrucijada histórica. Puede seguir siendo, como ha sido hasta ahora, un barniz legal que cubre prácticas autoritarias. O puede convertirse finalmente en lo que debería ser: el pacto fundacional que limita el poder y garantiza los derechos de todos los ciudadanos por igual. La respuesta a este dilema no está en los textos jurídicos, sino en la voluntad política de toda una sociedad.