En estos días, tras un cambio de gobierno, cientos de empleados del sector público han sido despedidos de sus puestos de trabajo, muchos de ellos con más de una década de servicio ininterrumpido. Otros, con menos tiempo.
El dilema, además de haber perdido el empleo que sustentaba sus compromisos personales y familiares, es la incertidumbre de cuándo el Estado les pagará sus prestaciones laborales, así como el periplo de diligencias y papeles que deben buscar para que se les reconozca que eran empleados del sector público.
Pero, la situación no queda ahí.
El MAP dice que, para recibir los recursos deben esperar por lo menos 90 días, es decir tres meses, que de hecho, se convierten en mucho más. Son más de cuatro meses sin percibir ingresos. Eso es inaudito, inaceptable, llora ante la presencia de Dios, pues un ciudadano que ha sido despedido de su puesto de trabajo, espera en un corto plazo el dinero de sus prestaciones para poder hacer un plan de contingencia hasta que pueda reubicarse en otro puesto laboral. Es necesario que esto sea revisado, los ciudadanos, sean empleados públicos o privados, al final, son dominicanos con necesidades.
