El Estado aún adeuda US$27 millones a cada abogado por defensa de terrenos en Bahía de las Águilas

Santo Domingo, R.D. — Tras lograr una de las victorias legales más significativas en la historia de la defensa del patrimonio público en República Dominicana, un grupo de abogados que representó al Estado en la recuperación de más de 362 millones de metros cuadrados de terrenos en el suroeste del país ahora enfrenta una nueva batalla: esta vez contra el propio Estado dominicano, que, alegan, no ha cumplido con el pago de los honorarios acordados.

El equipo legal, conformado por los juristas Blas Minaya Nolazco, Samuel Ramia, Gustavo Villalón Pumarol y Laura Acosta, fue autorizado mediante un poder notarial a representar al Estado en un litigio que se extendió por más de dos décadas y que concluyó con la anulación de más de 1,200 títulos fraudulentos sobre terrenos pertenecientes al Instituto Catastral Número 3 de Enriquillo-Barahona, incluyendo la emblemática parcela 215A.

La sentencia definitiva declaró al Estado como único propietario de esos terrenos, ubicados en las proximidades del Parque Nacional Jaragua. De acuerdo con el abogado Blas Minaya, aproximadamente 79 millones de metros cuadrados fueron clasificados como “explotables” y destinados a infraestructura y desarrollo turístico. Según el contrato original, los abogados recibirían un 7 % del valor de estos terrenos, lo que representaría más de 27 millones de dólares por jurista, con base en una valoración estatal de 18 dólares por metro cuadrado.

Minaya, en declaraciones ofrecidas al periodista Roberto Cavada, para el noticiero Telenoticias, denunció que, a pesar de múltiples compromisos verbales y escritos desde el año 2014, incluidos encuentros con el presidente en funciones durante el proceso de transición de gobierno, el pago nunca se materializó.

El jurista también reveló que en 2020 se les propuso una cesión de derechos a una empresa privada, hoy disuelta, que les ofrecía RD$1,030 millones, lo que implicaba entregar el 55 % de su reclamación. “Nos negamos rotundamente porque no íbamos a ser parte de un festín de corrupción”, sostuvo.

Desde entonces, los abogados aseguran haber agotado todos los canales institucionales y han optado por acudir a los tribunales para reclamar la ejecución forzosa del contrato. “No pedimos favores ni concesiones. Hicimos un trabajo complejo, de alto impacto nacional, y el Estado debe cumplir su palabra”, afirmó Minaya.

El conflicto pone sobre la mesa la necesidad de revisar los compromisos contractuales del Estado con sus representantes legales, especialmente en casos de alta envergadura e impacto territorial. Mientras tanto, los profesionales del derecho que lideraron la recuperación de Bahía de las Águilas se mantienen firmes en su exigencia: que se les pague lo pactado, como establece la ley y el honor profesional.