Editorial

El gran desafío

El ministro de la Presidencia se ha referido con mucha precisión a lo que define como “el gran desafío” que deberá enfrentar el Gobierno en 2021, cuando la economía recibirá el impacto de un elevado endeudamiento, por lo que será muy probable que el Estado tenga que desprenderse de activos importantes para manejar sus compromisos fiscales.

Entrevistado por el periodista Fausto Adames, el ingeniero Lisandro Macarrulla dijo que el país había agotado toda su capacidad de endeudarse y atribuyó la colocación de bonos por 3,800 millones de dólares a la confianza que genera el actual equipo de gobierno ante los agentes económicos.

El ministro Macarrulla dijo que el anterior gobierno elevó la deuda del sector público no financiero a un 60% del Producto Interno Bruto (PIB), pero que a final de año llegaría a un 70%, por lo que se evalúa abrir la participación del sector privado en activos del sector eléctrico, incluido el complejo Punta Catalina.

Con toda crudeza el funcionario advierte que prevalece la incertidumbre de saber cómo se comportarían los mercados financieros a mediados del año entrante, por lo que no sería posible asegurar la vía del endeudamiento para financiar el déficit fiscal previsto en el Presupuesto General del Estado correspondiente a 2021.

Lo que ha dicho de manera directa el ministro de la Presidencia es que se ha agotado la capacidad de endeudamiento y que para afrontar los compromisos fiscales “será muy probable que el Estado tenga que desprenderse de activos importantes”.

Macarrulla ha explicado muy claramente el alcance del esquema de Alianza Público-Privada, cuyos ejes centrales serán los proyectos de ampliación del puerto de Manzanillo y obras conexas y el polo turístico del suroeste, por lo que, para cumplir con el Presupuesto, el Gobierno “evalúa” cuales activos “son convenientes venderlos”.

La población y los agentes económicos deberían agradecer la claridad con la que el funcionario ha abordado temas tan delicados como el “muy probable” desprendimiento” de activos importantes del Estado para cumplir compromisos fiscales, que podrían incluir las acciones en empresas reformadas, la mayoría de las cuales generan buena rentabilidad.

Se admite lo difícil que podría ser el escenario financiero y fiscal el año entrante, pero el Gobierno tiene el compromiso de participar a la ciudadanía sobre los aprestos que se realizan para posiblemente traspasar al sector privado “activos importantes” porque al fin y al cabo, todos son dueños o dolientes de esos bienes.

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