Opinión

El país como herencia familiar


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Los dominicanos mostramos dos cosas, somos tan corruptos como políticos y empresarios o poco nos importa el país, no es posible, nos inviten a ejercer un derecho democrático votando, para luego los favorecidos repartirse el presupuesto nacional, sin importarles las necesidades del pueblo; mientras fragmentan el territorio nacional para esclavizarnos con impuestos para garantizarles cargos públicos a sus militancias, recursos que deberían invertirse en desarrollo para todos.

Es cuestionable, que un país de 48, 442 km² haya extendido su división político-administrativa desproporcionadamente. 31 provincias y un Distrito Nacional, 158 municipios y más de 230 distritos municipales, superando a países grandes. Cuando nuestra Independencia en 1844, teníamos cinco provincias hasta 1930, donde comenzó la fragmentación territorial, pasando de 11 a 27 provincias. Tras la caída de Trujillo, esto no se detuvo y desde 1970 a 2012 se crearon 82 municipios.

Sólo para alimentar el parasitismo político y empobrecer a la ciudadanía, porque uno de los pretextos era eficientizar los servicios públicos en dichas demarcaciones, pero todo eso ha empeorado, pues cada nueva división implica gobernadores, legisladores, alcaldes, regidores, juntas municipales y plazas administrativas sin funciones claras para alimentar redes de poder partidista, más que atender necesidades ciudadanas. Con más cargos electivos y posibilidades de distribuir favores, nombramientos y burocracia política, algo común en países donde la institucionalidad es un mito.

Y como no tienen límites, aún promueven iniciativas para elevar pequeñas comunidades a municipios, distritos o provincias en franca violación a la Constitución, la peor desgracia de un Estado es cuando la misma autoridad debilita sus instituciones. Proyectos de leyes aprobados con rapidez y urgencia en el Congreso, sin estudios técnicos que los sustente, mientras engavetan leyes necesarias del país. Abinader utilizó su poder para modificar el número de diputados, pero lo de tantas provincias, municipios y distritos municipales lo dejó intacto para seguir la fiesta.

Con un impacto directo en las finanzas públicas; pues todo esto requiere presupuesto que paga el pueblo trabajador. Nunca esto se ha traducido en mejor calidad de vida para la población, pero sí, para quienes viven de la política, aunque la mayoría de esas subdivisiones no tienen población, ni economía para sostener gobiernos locales eficientes y su principal función ha sido crear colocaciones a militantes, clientelismo y alimentar la corrupción.

No hay que ser experto en nada, para saber que las divisiones excesivas sólo sirven de carga a la sociedad. Una muestra de cómo la política puede modelar el mapa, no por criterios desarrollistas, sino por intereses políticos y de poder. Esta proliferación de provincias y municipios tiene efectos demoledores sobre el gasto público, sostienen entendidos en la materia consultados.

Mapa político que no responde al desarrollo, a la planificación, ni a una visión moderna del Estado, sino a la voracidad de una clase política que, durante décadas, ha aprendido a repartirse el presupuesto, teniendo el país como su herencia familiar. Donde no se gobierna con visión de autonomía fiscal, sino con dependencia del presupuesto, en que se administra pobreza y no desarrollo.

En lugar de regiones fuertes, productivas y planificadas, son parcelas políticas, donde cada caudillo obtiene su pedazo del pastel garantizado, aunque eso no cambie favorablemente la vida de la población, ojalá, un día el país despierte y ponga fin a una clase dirigencial que confunde gobernar con repartir, administrar con fragmentar y desarrollo con nómina, de lo contrario, seremos un país pequeño, con un Estado moldeado por la corrupción política y empresarial.

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