La decisión presidencial, apoyada por connotados ecologistas, establece un plan de remediación.
De las dos horas veinticinco minutos del discurso presidencial me quedo con el programa para la protección de huérfanos de feminicidios y la resolución que dispuso el cese inmediato de la explotación minera en las Cuevas del Pomier. Dos auspiciosos anuncios, temas distantes, solo unidos por la falta de voluntad política para disponer de los recursos y estructuras que garanticen la protección de niños y adolescentes en peligrosa indefensión y, en el ámbito de la reserva natural, hacer cumplir leyes erosionadas por la corrupción.
El presidente Luis Abinader hizo los anuncios en su discurso de rendición de cuentas del año 2024 ante la Reunión Conjunta de las cámaras legislativas, con amplias explicaciones en el caso del fin al prolongado daño en las 57 cuevas del norte de San Cristóbal y solo una escueta mención en el caso del respaldo estatal a los desarraigados de la violencia intrafamiliar.
Abinader citó una resolución de restricción total de operaciones en El Pomier, firmada por el ministro de Medio Ambiente, Paíno Henríquez y reveló instrucciones dadas al Ministerio de Defensa para la militarización del lugar, que se consumó en la víspera.
La decisión presidencial, apoyada por connotados ecologistas, establece un plan de remediación, para lo que se ha solicitado colaboración de las universidades INTEC, UASD y PUCAMIAMA, que deberían pagar los ecocidas, no los contribuyentes dominicanos. Varias instituciones oficiales coordinarían un programa de ayuda para las familias de la zona que han dependido durante años de la minería artesanal.
Hasta el momento no han sido suficientes decretos y leyes para evitar la destrucción de la reserva natural, que Abinader y los defensores del espacio cultural, antropológico, histórico aspiran a que la UNESCO lo declare Patrimonio de la Humanidad. La corrupción, con sus enormes vasos comunicantes público-privado ha hecho posible la abierta explotación “legal” e ilegal.
El ministro Henríquez ha mostrado firmeza al enfrentar intereses en el conflictivo sector bajo su responsabilidad, pero siempre fundamental el apoyo presupuestario del Poder Ejecutivo y hasta dónde esté dispuesto a llegar el presidente de la República. El respaldo social es vital para una efectiva protección de los bienes naturales.
En el caso de los huérfanos de los feminicidios, el mandatario se limitó a anunciar un programa de apoyo económico a niños y adolescentes afectados por esa plaga violenta. No cuantificó el monto del apoyo, ni como se concretaría.
La noticia es alentadora, pero la ausencia de especificidades, limita el entusiasmo de quienes hemos reclamdo atención para ese ejército de olvidados, expuestos a las mayores vulnerabilidades por la falta del padre, la madre o de los dos.
Cuando la tragedia salta a la portada de los diarios o se viraliza, todos se ocupan del tema de los feminicidios y de la violencia intrafamiliar y hasta dedican algunas frases a aquellos menores que quedan en total desprotección. Otros titulares hacen olvidar la sangre y las promesas oficiales y niños y adolescentes rodarán entre otros familiares, también afectados por la tragedia, sin acompañamiento profesional, hasta ser lanzados a las calles. Algunos empujados a la delincuencia, terminarán engrosando las estadísticas de los famosos “intercambio de disparos”.
En 2024, según la Fundación Vida sin Violencia, 71 mujeres fueron asesinadas a manos de sus parejas o exparejas, 6 casos más que el año anterior, para un total de 54 menores huérfanos. Más de la mitad con menos de 35 años, cerca del 10 por ciento adolescentes entre 15 y 19 años. 14 de los agresores, 20 por ciento, se suicidaron posteriormente.
Es un tema muy serio, que no debe quedar como titular de un largo discurso presidencial. Esperamos el proyecto concreto.
