Editorial

El Presupuesto 2020

El Presupuesto General del Estado constituye el instrumento esencial de planificación del desarrollo, cuya conversión en ley requiere del más amplio consenso o negociación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo con los diversos sectores de la sociedad, tanto para el estimado de ingresos como para uso de los recursos.

Esa propuesta de ingresos y egresos para el 2020, por un monto superior a los 997 mil millones de pesos, no debería ser aprobada en un santiamén como ocurrió en el Senado, pero tampoco introducirla en un refrigerador como se pretende en la Cámara de Diputados.

Tampoco sería saludable para la economía y la gobernanza que un proyecto de tanta trascendencia sea bailoteado en el circo electoral porque a la clase política debería sobrarle sensatez y responsabilidad para agenciar acuerdos que permitan su aprobación sin mayores contratiempos.

Se sabe de antemano que el Presupuesto General del año que viene, como los anteriores será deficitario por la consabida relación negativa entre ingreso y egreso, pero también por el elevado compromiso de pago del servicio de la deuda pública que llevará en su vientre.

El Senado no pudo resolver conflictos con las partidas asignadas a la Junta Central Electoral (JCE), altas cortes, Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) y otras instituciones que reclaman mayor asignación, tarea que tampoco resolverá la Cámara Baja, no sin que se arribe a acuerdos que involucren al Poder Ejecutivo.

El ministro de Hacienda y el director de Presupuesto deberían ofrecer a los legisladores todas las explicaciones que sean necesarias en torno al estimado de ingreso fiscal y de arancel, las emisiones de bonos en dólares y pesos y el monto del pago de intereses y capitales vencidos.

Las partidas asignadas en ese Presupuesto deberían representar un equilibrio entre lo ideal y lo posible del plan estratégico de desarrollo correspondiente a 2020, así como de las urgencias de inversión requeridas por la población, como si se tratara de multiplicar panes y peces.

El país ni la economía pueden darse el lujo de enviar el difuso mensaje de que el Presupuesto General del Estado quede entrampado en las redes de los intereses electorales o de manifiesta irresponsabilidad de la clase política y amanezca el 2020 sin ese instrumento esencial e indispensable.

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