Editorial

El próximo paso

Gobierno, liderazgo político y sociedad civil propugnan -al menos de la boca para afuera- por la adopción de similares iniciativas de naturaleza coercitiva o preventiva para esclarecer las causas de la interrupción de las elecciones municipales y garantizar pulcritud de los comicios del 15 de marzo y del 17 de mayo.

Todo el mundo parece estar de acuerdo con la solicitud formulada por el Gobierno a la Organización de Estados Americanos (OEA) para que realice una auditoría al sistema de voto automatizado, cuyo colapso motivó la suspensión de las votaciones del 16 de febrero.

El partido oficialista y los de la oposición coinciden en que ese crack electoral constituye un motivo de indignación y vergüenza, con la diferencia de que se acusan mutuamente de haberlo provocado, bajo el argumento de que tanto unos como los otros tenían el certamen ganado.

Hay consenso en torno a la nueva fecha de celebración de elecciones, aunque hubo quejas de que la JCE no consultó a los partidos para fijarla, pero la ley sólo menciona la obligatoriedad de establecerla en un plazo no mayor de 30 días a partir de la suspensión.

Durante varios días grupos de jóvenes se congregan frente al edificio de la Junta Central Electoral en reclamo de que se respete el derecho al voto y se celebren elecciones libres, transparentes y concurridas. Se ha dicho que esas manifestaciones tienen carácter cívico, no partidista.

Trece partidos convocaron ayer una marcha hacia el Altar de la Patria, encabezada por los candidatos presidenciales Luis Abinader y Leonel Fernández que, aunque procuró convertirse en una derivación de la cita cívica de la Plaza de la Bandera, tuvo características de un concurrido acto político electoral.

La proclama leída al final de esa actividad reafirma el criterio de que en lo esencial el liderazgo político plantea una agenda similar como salida a la crisis derivada de la suspensión de las elecciones, como los puntos referidos a dar seguimiento a la investigación que realizará la OEA y frenar todo intento de fraude.

Lo más trascendental contenido en ese documento avalado por 13 partidos de oposición ha sido su propuesta de concertar un pacto político social para unas elecciones libres y equitativas, a los fines de superar una profunda crisis política y de desconfianza. Ese debe ser el próximo paso.

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