El Referendo
Máximo Zapata
El Candado Constitucional Que Protege la Democracia en República Dominicana
En República Dominicana, hablar de reforma constitucional no es simplemente discutir cambios en las
leyes; es debatir sobre el corazón mismo de nuestra democracia y la protección de los derechos
fundamentales.
El referendo, establecido en los artículos 210 y 272 de la Constitución de 2010, es la
piedra angular de un sistema diseñado para evitar reformas apresuradas, especialmente en cuestiones
sensibles como la reelección presidencial. A pesar de ello, la historia reciente ha demostrado que este
candado constitucional es vulnerable a la presión política, lo que nos lleva a preguntarnos si en esta
nueva propuesta de reforma, el gobierno realmente está dispuesto a honrar este compromiso con el
pueblo.
¿Por Qué el Referendo es Crucial?
Desde su inclusión en 2010, el referendo ha sido visto como la mejor garantía de que cualquier cambio
en la Constitución cuente con la aprobación popular. Este mecanismo de democracia directa permite que
los ciudadanos se pronuncien en decisiones fundamentales y asegura que no sean únicamente los
legisladores, a menudo sujetos a intereses políticos, quienes tengan la última palabra en la reforma de
nuestra Carta Magna.
A diferencia de otras democracias representativas, donde la posibilidad de un referendo es una opción
más que una obligación, la República Dominicana ha establecido en su Constitución que el referendo es
un requisito indispensable para legitimar cualquier reforma que altere su estructura fundamental. Este
proceso no solo da voz a la ciudadanía, sino que también sirve como barrera contra intentos de
modificar la Constitución en beneficio de quienes están en el poder.
El Precedente de 2015: ¿Un Mal Ejemplo a Seguir?
La reforma de 2015, que habilitó la reelección presidencial sin someterse a referendo, dejó una cicatriz
en la institucionalidad dominicana. En ese momento, la Asamblea Nacional Revisora actuó de facto como
una Asamblea Constituyente, eludiendo así la necesidad de aprobación popular. Esta decisión abrió un
precedente peligroso que debilitó la credibilidad de las instituciones y sentó la base para que futuras
reformas también pasaran por encima del referendo.
El argumento de que “el mal precedente no hace derecho” es especialmente relevante aquí. Si las
autoridades siguen ignorando la obligación del referendo, estaremos cimentando un patrón de reformas
impulsadas por conveniencia política, sin el respaldo de la ciudadanía. Esto no solo amenaza el equilibrio
de poderes, sino que erosiona la confianza en el sistema democrático.
La Nueva Propuesta de Reforma y el Proyecto de Ley del Referendo
Actualmente, el Congreso tiene en sus manos un anteproyecto de ley que reglamentaría los artículos
210 y 272, formalizando el procedimiento del referendo. Sin embargo, hasta ahora, esta ley permanece
en pausa, lo que genera incertidumbre en torno a la propuesta de reforma. Para muchos expertos, la
aprobación de esta ley es un paso ineludible antes de proceder con cualquier modificación
constitucional, ya que, sin ella, cualquier reforma que se emprenda carecería de legitimidad.
La falta de una reglamentación clara del referendo es preocupante, ya que abre la puerta a
interpretaciones ambiguas y decisiones arbitrarias. En un país con una historia de reformas
constitucionales orientadas a permitir la reelección presidencial, contar con un proceso claro y
transparente para convocar a referendo es esencial para evitar que las normas se apliquen de forma
discrecional.
La Importancia de la Estabilidad Jurídica
Cuando la Constitución se modifica constantemente, el Estado de derecho se debilita. La seguridad
jurídica, uno de los pilares de una democracia estable, depende de un sistema constitucional que se
mantenga firme y previsible a lo largo del tiempo. La estabilidad de la Constitución no solo fortalece la
confianza de los ciudadanos en sus instituciones, sino que también genera un ambiente propicio para el
desarrollo económico y la inversión.
El ejemplo de Estados Unidos, cuya Constitución ha sido enmendada solo 27 veces en más de dos siglos,
ilustra cómo una Carta Magna sólida puede ofrecer una base estable para el desarrollo de una nación. En
República Dominicana, la experiencia es distinta: de las 39 reformas que ha tenido nuestra Constitución,
33 estuvieron motivadas por la reelección presidencial, un tema que sigue siendo fuente de controversia
y división en la sociedad.
Alternativas a la Reforma Constitucional
A pesar de las presiones para modificar la Constitución, muchos expertos sostienen que algunas de las
cuestiones importantes que se buscan resolver no requieren necesariamente una reforma
constitucional. Por ejemplo, la inamovilidad de los jueces y el fortalecimiento del Ministerio Público,
aspectos cruciales para la independencia judicial y la lucha contra la corrupción, podrían abordarse
mediante reformas legislativas.
Cambios en leyes orgánicas específicas, como la ley del Poder Judicial o la ley del Ministerio Público,
podrían garantizar avances importantes sin tener que abrir la puerta a una reforma constitucional que,
en ausencia de un referendo, podría ser vista como un atentado a la voluntad popular.
Conclusión: ¿Es Necesaria una Reforma o Bastaría con Respetar la Constitución?
a Constitución dominicana, con sus 277 artículos y 19 disposiciones transitorias, es clara en sus
mecanismos de protección y en la obligación del referendo para cualquier reforma significativa. La
importancia de esta consulta no puede ser subestimada; sin ella, la Constitución se vuelve vulnerable a
los intereses políticos de turno.
El Congreso tiene la responsabilidad de aprobar primero el anteproyecto de ley que reglamenta el
referendo. Si el gobierno actual desea ganar la confianza de los ciudadanos y evitar los errores del
pasado, debe respetar el procedimiento que la propia Constitución establece, sin subterfugios ni atajos.
Al final, es el pueblo dominicano quien debe decidir el destino de su Carta Magna, y solo a través del
referendo se podrá garantizar que cualquier reforma tenga un verdadero respaldo democrático.
En este contexto, es fundamental recordar que proteger la Constitución significa proteger la democracia
misma.