Empresario canadiense Antonio Carbone cumple 10 años bajo medida de coerción en el país
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RESUMEN
SANTO DOMINGO, R.D. – El empresario canadiense Antonio Carbone ha cumplido 10 años bajo medida de coerción por la acusación de intento de homicidio contra su exempleado Fernando Arturo Báez Guerrero, en un proceso judicial marcado por controversias e irregularidades.
La prisión preventiva contra Carbone fue impuesta por la jueza Margarita Cristo Cristo, quien posteriormente fue destituida de su cargo por acusaciones de corrupción. En la audiencia de medida de coerción también participó el entonces procurador fiscal Isidro Vásquez Peña, quien igualmente fue separado de sus funciones tras ser acusado de prevaricación, asociación de malhechores y extorsión.
La información fue suministrada por el abogado Hotoniel Bonilla, ex titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA) y actual miembro de la defensa de Carbone, quien sostiene que el empresario ha sido víctima de violaciones a sus derechos fundamentales.
Bonilla afirmó que las investigaciones realizadas junto a los abogados Roberto Rosario y Luis Jiménez sugieren que el incidente, en el que un vehículo propiedad de Báez Guerrero fue incendiado, podría haber sido un acto provocado por otras personas.
«Dos cosas relevantes: ni el señor Antonio Carbone estaba en el país, ni el vehículo incendiado estaba cerca de su dueño, que dormía tranquilamente en su apartamento», declaró Bonilla.
El abogado enfatizó que la medida de coerción se impuso sin pruebas materiales, científicas o testimoniales que vincularan directamente a Carbone con el hecho, más allá de la declaración de la supuesta víctima, quien solo expresó sospechas sobre el empresario y su hermano.
Además, Bonilla destacó que, tras la acusación, Báez Guerrero pasó de ser empleado a dueño de varias de las empresas que anteriormente pertenecían a Carbone, lo que sugiere un posible conflicto de intereses en el proceso.
La defensa del empresario canadiense denunció que sus derechos han sido vulnerados desde su arresto en el aeropuerto de Punta Cana, el cual se produjo mediante una alerta migratoria, un procedimiento que el Tribunal Constitucional posteriormente declaró inconstitucional. Además, sostienen que la orden de arresto fue emitida después de que Carbone ya estaba detenido.
