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RESUMEN
EE. UU. – Millones de personas, muchas provenientes de naciones en conflicto, viven legalmente en Estados Unidos bajo diversas formas de protección legal temporal. Muchas han sido afectadas por las medidas contra la inmigración del gobierno del presidente Donald Trump.
El lunes, la Corte Suprema permitió que el gobierno ponga fin a las protecciones que habían permitido que unos 350,000 inmigrantes venezolanos permanecieran en Estados Unidos. Ese grupo podría enfrentar la deportación.
El gobierno también cancelará la designación para cerca de medio millón de haitianos en agosto.
Los venezolanos tenían una forma de protección conocida como Estatus de Protección Temporal (EPT). Los funcionarios del gobierno habían ordenado que dicho estatus expirara para esos venezolanos en abril. La Corte Suprema revocó la decisión de un juez federal que había pausado los planes de la administración.
El Estatus de Protección Temporal permite que las personas que ya viven en Estados Unidos se queden y trabajen legalmente por hasta 18 meses si sus países de origen son inseguros debido a disturbios civiles o desastres naturales.
El gobierno del expresidente Joe Biden amplió drásticamente la designación. Cubre a personas de más de una docena de países, aunque la mayoría de ellas provienen de Venezuela y Haití.
El estatus no pone a los inmigrantes en un camino a largo plazo hacia la ciudadanía y puede renovarse repetidamente. Los críticos dicen que la renovación se había vuelto efectivamente automática para muchos inmigrantes, sin importar lo que estuviera sucediendo en su país de origen.
El Estatus de Protección Temporal cubría a los 350,000 venezolanos afectados por la decisión tomada el lunes por la Corte Suprema. Unos 250,000 venezolanos más, cubiertos por una designación anterior de EPT, perderán esas protecciones en septiembre.
Permiso humanitario
Más de 500,000 personas originarias de los que a veces se denominan países CHNV —Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela— viven en Estados Unidos bajo la herramienta legal conocida como permiso humanitario o parole humanitario.
Para hacerse acreedoras a ese beneficio, las personas tuvieron que volar a Estados Unidos por su cuenta y tener un patrocinador financiero. No pudieron haber entrado al país a través de la frontera con México. Para la mayoría de las personas, la designación dura dos años.
La semana pasada, el gobierno pidió a la Corte Suprema que le permitiera cancelar el permiso para inmigrantes de esos cuatro países. Según la apelación de emergencia, la orden de un tribunal inferior había invadido erróneamente la autoridad del Departamento de Seguridad Nacional.
