El Decreto 635-26 cabe en menos de una página de la Gaceta Oficial. Tiene dos artículos. El primero deroga el Decreto 693-24, el del arroz; el segundo lo remite a cinco despachos. Ninguno de los dos dice arroz.

El lunes 5 de octubre el país conoció por la prensa lo firmado el miércoles 9 de septiembre. Ese 9 de septiembre, el canciller había conversado por videoconferencia con Jeffrey Goettman y Julie Callahan, negociadores de la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR, por sus siglas en inglés). El viernes 11, el USTR presentó en público esa derogación como cumplimiento del acceso pactado para su arroz en el Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos (DR-CAFTA). La Gaceta la publicó el 24. Entre la firma y la noticia pasaron veintiséis días.

Ese lunes, a mediodía, el arroz humeó en los calderos como cualquier lunes. La firma que lo dejó sin protección cumplía casi un mes.

El vicepresidente de la Federación Nacional de Productores de Arroz (Fenarroz) lo resumió: «Creíamos que existía una línea de comunicación vía Fenarroz». No había línea. Había un calendario. Y el lector dominicano sabe leer un calendario.

En febrero escribí que no es lo mismo un decreto que se deroga en una tarde, el del arroz, que una práctica laboral arraigada en un sector entero.[1] Lo escribí como advertencia. Resultó un pronóstico. También sostuve que veinte años bastaban para preparar al sector arrocero y que no se hizo.[2] Lo mantengo. El arancel de 99 por ciento del decreto contrariaba el calendario del tratado, y lo comprometido se cumple. Pero que una puerta sea débil no autoriza a abrirla sin avisar a quien vive detrás.

En 1996, los Fugees montaron sobre un coro de Enya el grito de quien termina de contar en el escondite: Ready or Not. El juego tiene una regla: el que no se haya escondido, tiempo ha tenido. Tuvimos veinte años. Esta vez se escondió el decreto. Y no de Washington, que habló de él dos días después de firmado. De nosotros.

Lo que el arroz nos enseñó no es la derogación. Es el método.

Se decidió sin consulta visible. El Decreto 693-24 había reservado la llave de salida al Consejo Nacional para la Soberanía y Seguridad Alimentaria y Nutricional (CONASSAN): sus medidas regirían hasta que el Consejo, con informe técnico, recomendara lo contrario. El 635-26 no cita recomendación ni informe; el Consejo aparece apenas entre los destinatarios, «para su conocimiento y ejecución». La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO) preguntó si hubo tal recomendación y pidió publicar los documentos.

Se decidió sin transición publicada. El ministro de Agricultura aseguró que el Gobierno no dejará solos a los arroceros. Le creo la intención; el plan todavía no tiene cifras públicas. La Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios (ANPA) midió la distancia: unos 5,500 productores estadounidenses siembran en promedio unas 3,000 tareas cada uno; nuestros 30,000, alrededor de 100.

Y se decidió sin contrapartida a la vista. Washington exigió el cero del DR-CAFTA para su arroz mientras cobra 12.5 por ciento a exportaciones que el tratado dejó en cero, a un cliente que en 2025 le compró 5,400 millones de dólares más de lo que le vendió.[3] Se llama doble estándar.

Hoy el argumento es que no vedamos importaciones hechas con trabajo forzoso; antes fueron la emergencia económica y la balanza de pagos; mañana puede ser otro renglón de la carpeta. El arancel no ha bajado. El arroz no se negoció. Se pagó. Y lo que se paga como cumplimiento no se descuenta después como concesión.