Editoriales

Fallas y carencias en San Cristóbal

(Pero antes, llamar la atención sobre la posibilidad de que esas conclusiones se desvirtúen por la existencia de más de un centro de mando (ya el Ministerio Público adelantó posibles causas del origen, mientras los bomberos y el J2 hacen lo suyo por otro lado) y, además, por la inobservancia de recomendaciones de voces calificadas para el manejo adecuado del lugar de la explosión, por la remoción a destiempo de los escombros).

En cuanto a enseñanzas que son evidentes, está la necesidad, para San Cristóbal en este caso, de un Plan de Ordenamiento Territorial, aunque para todo el país se hace imperativo la aplicación de la Ley 368-22 de diciembre de pasado, así como la creación y fortalecimiento de unidades quemados, y equipamiento y mejores condiciones de vida para los bomberos y miembros de organismos de socorro.

Ley 368-22 de Ordenamiento Territorial, Uso de Suelo y Asentamientos Humanos fue promulgada hace nueve meses, pero podría correr la misma suerte de un sin número de legislaciones que natimueren por la falta del reglamento de aplicación y de las normas subsidiarias, imprescindibles para su vigencia real.

El corre corre por la explosión hizo saltar a los primeros planos una deuda: urgen unidades de quemados. En el país solo hay una para adultos y dos para infantes, de las cuales una no está funcionando.

Se precisa también repensar a los cuerpos de bomberos con un nuevo marco legal (hay un proyecto en curso en el Congreso) que dignifique sus condiciones de vida y de trabajo.

Actualmente hay en el país 3,600 bomberos que se arriesgan en situaciones de emergencia y rescate, en su inmensa mayoría con bajos y desiguales salarios, falta de seguro médico y de equipos y herramientas para poder desempeñar su labor.

Vayamos anotando; apenas son algunas de las carencias y deficiencias institucionales que ha mostrado el hecho luctuoso.

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