La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) expresó su respaldo a las recientes declaraciones de la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso, quien exhortó al Congreso Nacional a aprobar el nuevo Código Penal.
La procuradora subrayó la necesidad urgente de actualizar el marco legal para garantizar sanciones proporcionales y adecuadas a la gravedad de los delitos, señalando que la legislación vigente está desfasada y no responde a la realidad actual delictiva.
Según un comunicado de prensa, la reforma del Código Penal no solo moderniza el sistema legal, sino que también permite incorporar respuestas más eficaces frente a las nuevas formas de criminalidad. Este proceso es esencial para fortalecer la política criminal y mejorar la eficiencia del sistema de justicia, al dotarlo de mayor coherencia y claridad en la aplicación de las normas.
“Desde Finjus hemos participado activamente en las discusiones legislativas sobre la reforma penal y reiteramos que su aprobación es impostergable”, señaló el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños.
Agregó que el sistema actual está rezagado y no ofrece herramientas jurídicas adecuadas ante los diversos modelos de criminalidad que han emergido en las últimas décadas. La inclusión de nuevas figuras penales, como el sicariato, representa un paso crucial en la lucha contra la violencia y el crimen organizado.
Expresó que la realidad que enfrenta República Dominicana difiere considerablemente de aquella existente en 1884, año en que fue promulgado el actual Código Penal, y también difiere de la de 2007, cuando se realizó su última modificación.
“Nos encontramos ante un momento crítico: con un Código Penal insostenible y un Código Procesal Penal en riesgo de perder vigencia si no se conocen las reformas dentro del plazo otorgado por el Tribunal Constitucional, el sistema de justicia penal dominicano podría enfrentar un retroceso que pondría en peligro los logros alcanzados en las últimas décadas”, manifestó.
