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Finjus dice políticos deben involucrarse para que cárceles dejen de ser universidades del crimen.

SANTO DOMINGO. – La Fundación Institucionalidad y Justicia (Finjus) resaltó la urgencia de algunos sectores por respaldar el fortalecimiento del sistema penitenciario dominicano, pues afirma que la gravedad del mismo se ha convertido en una de las informaciones permanentes de los medios de comunicación.

La información la ofreció el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Servio Tulio Castaños Guzmán, quien además señaló que la sociedad dominicana no sale del asombro al conocer cada una de conductas que se generan y reproducen en los recintos penitenciarios.

En ese sentido, Castaños Guzmán explicó que es partidario de que la clase política se involucre en el fortalecimiento del sistema carcelario dominicano, a los fines de que los centros de reclusión dejen de ser universidades del crimen en la República Dominicana.

«Ha llegado la hora de que los partidos políticos, los aspirantes a dirigir el destino de la nación desde los más altos cargos del Poder Ejecutivo hasta las municipalidades, planteen su compromiso para alcanzar soluciones realistas, sostenibles y eficaces para que nuestras cárceles dejen de ser universidades del crimen, academias de la maldad, recintos donde la venganza es la norma y espacios desde los cuales bandas organizadas planifican muertes, asaltos y dolor en la sociedad dominicana», sostuvo.

Agregó que la sociedad dominicana recibe frecuentemente informaciones alarmantes sobre la situación de la aguda crisis que atraviesa el sistema penitenciario, como lo acaba de narrar el informe del Defensor del Pueblo.

“Cada día parece diluirse el objetivo del sistema penitenciario, que no es otro que garantizar el cumplimiento de las penas de las personas culpables de violar la ley penal y crear las condiciones para su posterior reinserción social. Como toda sociedad moderna  basada en principios democráticos y desde una perspectiva de derechos, nuestro sistema penitenciario está diseñado para garantizar que el orden y la armonía social sean restablecidos, lo que implica crear las condiciones para que quienes han dañado la sociedad puedan tener la oportunidad de reincorporarse a ella, sin caer en la barbarie de sociedades atrasadas”, destaca en un comunicado de prensa enviado a la prensa.

¿Qué es lo que falla entonces, y evita que nuestras cárceles cumplan la función social que la constitución y las leyes han definido como su propósito principal?

El documento señala, además, que desde FINJUS se ha contribuido al análisis multidisciplinario para apoyar que  las autoridades públicas y las organizaciones sociales dominicanas identifiquen las propuestas para hacer viables la readaptación de las personas en conflicto con la ley penal y permita superar la grave radiografía que el Defensor del Pueblo entrega a la sociedad dominicana.

“Como lo hemos planteado en numerosas ocasiones, el análisis del sistema penitenciario refleja que allí no tienen cabida los principios, estructuras y normas que deben caracterizar a cualquier organización social moderna en el marco de la democracia, sino que en la práctica las cárceles se han convertido en un gran depósito de seres humanos sometidos a un régimen de oprobio y sufrimiento”, plantea.

Finjus precisa que al no ser partidaria de la crítica sin compromiso, ha estado al lado de las autoridades del Ministerio Público y la Dirección General de Prisiones para encontrar alternativas humanizantes, modelos sustentables y prácticas que sean coherentes con nuestra democracia y sus principios.

Alega que además se han planteado que el sistema penitenciario refleja magnificados las distorsiones, debilidades e incoherencias del sistema de justicia dominicano, lo que se refleja en las dilaciones del proceso penal.

“La exagerada población que padece el castigo anticipado de la prisión preventiva y que no goza de las mínimas condiciones de salubridad, educación, protección y cuidado que la constitución ordena. El Defensor del Pueblo ha realizado un diagnóstico apegado a la realidad en estos aspectos”, expresa Finjus.

“Reiteramos que es urgente rediseñar e implementar programas interdisciplinarios que garanticen las condiciones de salud, educación y vida digna que la constitución y las leyes disponen en los recintos penitenciarios”, concluyó.

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