Editorial

Flagelo epidémico

Cada día al menos 30 mujeres reportan a una línea de emergencia agresiones de sus parejas o exparejas y otras sufren maltratos sin poder denunciarlos, aunque en ambas situaciones corren el mismo peligro de ser asesinadas o mutiladas por hombres despechados.

En otros países de la región, los feminicidios se reducen hasta en un 50%, pero aquí se reportaron en 2019 casi un centenar y en el primer día del nuevo año tres mujeres fueron asesinadas por motivos pasionales, claro indicio de que la lucha contra ese flagelo no ha tenido ningún resultado positivo.

Entre los múltiples factores que se señalan como causas del fatídico incremento de la violencia contra la mujer, se mencionan la ausencia de ejemplares penas o vías de consecuencia para quienes perpetran esos crímenes, el deterioro de la familia y hasta las menciones por la prensa o redes de los feminicidios.

La verdad es que aumenta o no se reduce la fatídica cifra de casi cien feminicidios por año y de la expansión generalizada o viral de la violencia física o mental contra la mujer, por lo que quizás haga falta declarar la situación en estado de emergencia.

Se requiere una urgente revisión del ensamblaje jurídico que sostiene la lucha contra los feminicidios, así como de los programas de prevención y educación encaminados a su disminución, porque lo que ocurre ahora es que miles de mujeres sufren maltrato o están en peligro se der asesinadas por hombre violentos.

Una línea telefónica para la denuncia de casos de violencia contra la mujer, instalada por el Ministerio de la Mujer, ofreció en 2019 más de diez mil atenciones a mujeres en situación de peligro, incluidas 843 damas en alto riesgo de ser asesinadas.
Las denuncias por agresiones físicas ni las órdenes de alejamiento que imponen jueces y fiscales a depredadores de mujeres surten efecto cuando cualquiera de esos individuos decide poner fin a la vida de su víctima, razón suficiente para que en el manual de prevención se incluya un significativo incremento de las vías de consecuencias.

Es claro que el auge de los feminicidios se ha convertido en un gravísimo problema social y también en un tema de Estado que obliga a los poderes públicos e instituciones de la sociedad civil a identificar y aplicar con carácter de urgencia todas las medidas condignas para frenar un flagelo epidémico que cada día cobra más vidas de mujeres, que agrede y avergüenza a toda la sociedad dominicana.

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