Editorial

Funesto precedente

Resulta difícil entender por qué el Consejo Nacional de Educación (CNE) dispuso remover por vía administrativa a los directores regionales y de distritos escolares que ascendieron a esas posiciones mediante concurso de mérito por oposición, y menos aún que se esgrima como argumento la emergencia impuesta por el coronavirus.

Ninguna situación de crisis sanitaria puede justificar que el Ministerio de Educación viole la Ley 66-97 que en su artículo 139 establece que los cargos administrativos-docentes y técnicos-docentes del sistema educativo público serán servidos previo concurso por méritos profesionales.

Como para aliviar la pesada carga de ese despropósito, las autoridades informan que los funcionarios removidos “pasarán a ser asesores técnicos del plan del año lectivo 2020-2021, además de instruir a los nuevos designados por las autoridades”, lo que obviamente no elimina ni disminuye su colisión con la ley.

Con tan cuestionable ordenanza, el CNE coloca la figura del ministro de Educación por encima de la Ley General de Educación, al autorizarlo para que por orden departamental revoque los resultados de un concurso de mérito por oposición que en su momento no fue cuestionado por vías administrativa o jurídica.

El Consejo Nacional de Educación pudo cuestionar la legalidad del concurso o sugerir que un tribunal administrativo decida sobre su revocación, pero resulta insólito que se derogue una acción amparada en un estatuto orgánico para que el ministro de Educación pueda remover a funcionarios y nombrar otros sin cumplir con los requisitos de ley.

La emergencia nacional fue autorizada por el Congreso para que el Poder Ejecutivo pueda aplicar medidas que sean necesarias a los fines de controlar la propagación de la covid-19, pero no incluye violar una ley que nada tiene que ver con la crisis pandémica y menos aún si solo sirve para crear 18 puestos adicionales en el Ministerio de Educación.

El ministro Roberto Furcal no debería aceptar ni alentar ningún tipo de violación a la institucionalidad ni a los niveles de transparencia que deben caracterizar a su gestión, más aun cuando enfrenta el reto de ejecutar con éxito un año lectivo con docencia no presencial dirigida a más de dos millones 800 mil estudiantes de los niveles básico y preuniversitario.

Lo sensato sería que el Consejo Nacional de Educación revoque cuanto antes una ordenanza a todas luces violatoria de la ley, cuya ejecución crearía un funesto precedente que sin dudas también lastimaría la reputación del gobierno del presidente Luis Abinader.

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