En el caso de Karpowership, el modelo habitual es la firma de un Power Purchase Agreement (PPA), en el que se paga por la energía producida. Sin embargo, en esta ocasión no está claro cómo operará la compra energética: si será mediante un PPA o si se hará a través de una contratación directa amparada en el decreto de compras de emergencia del sector eléctrico.

La decisión busca garantizar el suministro y mitigar apagones en medio del déficit de generación, aunque ha despertado cuestionamientos. Analistas señalan que este tipo de acuerdos puede implicar altos costos financieros para el Estado, al comprometerse con tarifas elevadas por cada megavatio hora generado.

También persisten preocupaciones medioambientales, ya que estas barcazas funcionan con combustibles fósiles como fuel oil o gas, con emisiones contaminantes que podrían impactar la calidad de vida de comunidades costeras y afectar actividades como la pesca y el turismo.